La detención de Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, Jalisco, por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una red de extorsión sistemática, no es un hecho aislado ni una “victoria” que celebrar. Es la confirmación de un mal profundo y galopante que ha infectado los cimientos de la política mexicana.
Tequila no es un municipio cualquiera. Es uno de los más importantes y generadores de riqueza en Jalisco y en todo el país. Su nombre es marca global, su industria del tequila mueve millones de dólares en exportaciones, atrae turismo de alto nivel y representa un emblema de identidad nacional. Precisamente por eso alarma que su presidente municipal, un militante del narcopartido en el poder, haya sido detenido junto con tres de sus principales colaboradores —los directores de Seguridad Pública, Catastro y Predial, y Obras Públicas— acusado de encabezar una red de cobros ilegales, multas arbitrarias y extorsión a empresarios tequileros, cerveceros y comerciantes.
Los testimonios que han salido a la luz hablan de altos cobros de derechos y servicios que asfixiaban a la iniciativa privada y a la ciudadanía en general. No se trataba de una administración inepta, sino de un extractivismo deliberado de recursos al amparo del poder municipal y, según las investigaciones, en simbiosis con el grupo criminal más poderoso y peligroso de México. El alcalde no gobernaba para los ciudadanos era un peón del narcogobierno.
Durante años se insistió, desde las más altas tribunas del gobierno federal, que los candidatos de la “Cuarta Transformación” estaban blindados, que la nueva política era inmune a las viejas tentaciones del crimen organizado. Se presentó como un cambio generacional y moral. La detención de Rivera Navarro —y la de otros ediles morenistas en meses recientes— derrumba esa narrativa. Muestra la flagrante simbiosis entre poder político y narco en el nivel más sensible e inmediato del contacto con la sociedad: los municipios.
Porque es en las alcaldías donde se decide el permiso de operación de un negocio, donde se otorgan licencias, donde se maneja el predial, la seguridad pública y el gasto en obra. Es ahí donde el crimen organizado encuentra la puerta más accesible para cooptar instituciones, cobrar piso con facturas legales y oficiales y garantizar impunidad. Un narcogobierno municipal no es un detalle, hecho aislado o falla de uno, es el engranaje que permite al narco pasar de ser un actor paralelo a convertirse en cogobernante.
En siete años de gobierno de izquierda (2018-2026), recuentos periodísticos documentados registran al menos 25 alcaldes y exalcaldes detenidos por vínculos directos con el crimen organizado, extorsión, secuestro o homicidios. La mayoría pertenecientes a Morena o sus aliados. La cifra real de municipios infiltrados podría ser probablemente mucho mayor, porque no todos los casos llegan a detención ni a escándalo público. El mal no está en los márgenes, está enquistado en el centro del sistema.
Este hecho no debe minimizarse ni venderse como prueba de que “se está actuando”. Ni es para aplaudir la acción de un supersecretario. Al contrario: revela que la supuesta transformación no solo no blindó a los candidatos, sino que en muchos casos abrió las puertas a quienes veían en el poder público una oportunidad de negocio criminal.
Los obispos de México lo habían advertido en el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, acerca del destino de cualquier Estado y gobierno que tiene a la corrupción como norma de derecho: “Ningún Estado puede sobrevivir donde no se castigan los delitos, donde se han corrompido las instituciones de justicia y no existen los medios para procurar la aplicación de la ley para quien ha cometido algún delito. Aunque se tenga un marco legal ejemplar, si no se cumplen las leyes de nada sirven. Esta realidad ha llevado a la crisis de las instituciones de gobierno, gobernantes, partidos políticos y dirigentes sindicales, a perder credibilidad entre los ciudadanos y a romper un tejido social endeble”. (PGP 2031-2033, No 60).
Tequila amargo por el veneno de la corrupción. Este es otro caso más… ¿cuántos más faltan por descubrir?