México se hunde en un lodazal de corrupción que ya no se disimula. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, el país obtuvo apenas 27 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 141 de 182 naciones evaluadas. Es el peor registro histórico en la OCDE y uno de los más bajos del G20. Un punto de “mejora” respecto al 26 de 2024 no engaña a nadie: la percepción de podredumbre institucional se ha estancado en lo más bajo. El INEGI lo confirma con crudeza: en el primer semestre de 2025, el 45,2 % de los mexicanos en zonas urbanas fue víctima de algún acto corrupto al tratar con autoridades. La corrupción ya no es un problema, es el sistema mismo.
El régimen que llegó prometiendo “transformación” y “república austera” ha construido, en cambio, una corruptocleptocracia descarada y consentida. Llegaron con el pañuelo blanco en alto y la consigna “no somos iguales”. Hoy ese pañuelo está sucio y la frase suena a sarcasmo burlón. Porque lo que hicieron fue tomar el poder para afianzarse en él y enriquecerse de él, exactamente como los que tanto criticaron.
El huachicol, aquel mal que se juró erradicar con operativos espectaculares, escasez de gasolinas y discursos triunfalistas, no desapareció: mutó y se sofisticó. Hoy hablamos de huachicol fiscal, un esquema industrial de contrabando de combustibles a través de puertos y aduanas que genera pérdidas millonarias y opera con la complacencia —cuando no con la participación directa— de funcionarios de alto nivel y mandos de las fuerzas armadas. Personajes vinculados a negocios turbios y a grupos criminales son tolerados, protegidos e incluso asociados en operaciones estratégicas. El mensaje es claro: ciertos delitos contra el patrimonio nacional son negociables si benefician al círculo del poder.
Peor aún es el escándalo de los contratos directos adjudicados sin licitación, amparados en la fórmula de la “seguridad nacional”. Miles de millones de pesos se reparten a dedazo a empresas favorecidas, muchas de ellas ligadas a los mismos actores que aparecen en investigaciones por lavado, facturación falsa o nexos delictivos. Se evade la transparencia, se burla la competencia y se roba al pueblo bajo el pretexto de protegerlo. Mientras tanto, la clase política del régimen exhibe su cinismo y se regodea en sueldos exorbitantes, pensiones millonarias, mansiones, jets privados y fiestas de lujo en medio de la supuesta austeridad. El dispendio es la norma; el escándalo, la costumbre.
En este páramo moral resuena la voz de los obispos de México. En su Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, los pastores denuncian sin ambages “la corrupción que carcome las entrañas de nuestra sociedad”, junto con la impunidad, la violencia y el narcotráfico que la acompañan. Llaman a una conversión profunda, a recuperar la honestidad como valor irrenunciable y a construir, desde la fe y la acción ciudadana, un México donde la dignidad de las personas no sea moneda de cambio. Su denuncia no es política; es moral. Y duele más porque es verdad.
La corrupción en México ya no es un mal endémico, es un proyecto de poder. Se tolera, se protege y se premia porque sostiene al régimen y a sus aliados. Se permite que ciertos personajes sigan operando porque sus negocios —legales e ilegales— alimentan y aceitan la maquinaria del movimiento. Se otorgan contratos multimillonarios porque garantizan lealtad. Se mantienen sueldos y privilegios obscenos porque la élite política, ha decidido que el pueblo pague sus orgías e indecencias.
Llegó la hora de decirlo sin eufemismos: las promesas de pañuelitos blancos y de “no somos iguales” fueron la coartada perfecta para hacer lo mismo —y peor— que los anteriores. La corrupción no se combatió; se capturó. No se redujo; se institucionalizó. Y mientras la sociedad siga callando o resignándose, esta cleptocracia seguirá devorando el futuro de millones de mexicanos.
La lucha contra la corrupción no es un asunto de partidos ni de gobiernos. Es un imperativo ético, cristiano y republicano. Los obispos lo han dicho. La realidad lo grita. Solo falta que el pueblo, harto de tanto cinismo, exija con fuerza lo que le han robado: un país decente.