En su obra La rebelión de las élites y la traición a la democracia, el historiador estadounidense Christopher Lasch advertía sobre un fenómeno alarmante, el surgimiento de una clase élite meritocrática que, en su afán por la movilidad ascendente y el cosmopolitismo global, se desprende de las raíces nacionales y traiciona los principios democráticos.
Estas élites, describía Lasch, actúan como «turistas en sus propios países», priorizando sus intereses personales sobre el bien común, erosionando la cohesión social y marginando a las clases trabajadoras. En México, esta crítica resuena con una crudeza particular. Aquí, las élites políticas no solo han replicado esta desconexión, sino que la han exacerbado mediante una corrupción endémica y una peligrosa simbiosis con el crimen organizado, acelerando la descomposición de nuestro sistema político hasta límites insostenibles.
Las élites mexicanas, forjadas en un sistema presidencialista-caudillista que Lasch calificaría de aristocrático disfrazado de populista, han convertido el poder público en un feudo personal. Cada administración erige su propia «aristocracia» de beneficiarios, como señala un análisis reciente sobre la corrupción y las élites políticas. En el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, se documentaron 51 casos relevantes de corrupción e impunidad, que abarcan desde malversación de fondos hasta conflictos de interés en contratos públicos.
No es casualidad que el partido gobernante, Morena, se vea envuelto en escándalos por gastos lujosos de sus políticos, un problema que indigna a la sociedad en un país donde la corrupción es un mal crónico. Estas élites, al igual que las descritas por Lasch, se encierran en «guetos voluntarios» de privilegios —negocios al amparo del fuero, de las curules o del escaño, vacaciones que jamás habrían podido imaginar de haber sido oposición, mansiones blindadas en excluivos residenciales estadunidenses, escuelas privadas y viajes internacionales para “salvar al mundo del genocido”— mientras ignoran la tremenda descomposición y declive nacional. Su indecente “cosmopolitismo” no es más que una excusa para evadir responsabilidades: priorizan alianzas y cuestionados flujos de capital que benefician a unos pocos, dejando atrás a millones en la pobreza y la inseguridad. Para otros, la austeridad, para ellos, vivir como pachás.
Esta traición se agrava con la descomposición política, un proceso que ha convertido a México en un Estado frágil y, en regiones enteras, en estado fallido ante la infiltración del crimen organizado. Lasch argumentaba que las élites, al controlar el debate público, marginan las preocupaciones reales de la ciudadanía, como el desempleo o la decadencia urbana. En nuestro contexto, esto se traduce en una «narcopolítica» que ha evolucionado hacia una verdadera mafia, donde el narcotráfico amplía su incidencia mediante relaciones cada vez más estrechas con el poder.
El crimen organizado no solo es un problema de seguridad pública, sino de seguridad nacional, con carteles que influyen en elecciones y políticas locales. Durante el proceso electoral de 2024, la violencia política cruzó umbrales alarmantes: asesinatos de candidatos y funcionarios revelaron la delgada línea entre urnas y tumbas, con el crimen organizado apropiándose de instituciones estatales. En estados como Guerrero, Michoacán o Sinaloa, la asociación entre políticos y narcos es evidente: pactos para financiamiento de campañas a cambio de impunidad, o control territorial que socava la soberanía del Estado. A pesar de esas evidencias, se sostienen, no caen, viven intocables, bajo su propia ley y respaldados por sus propios medios de comunicación.
La fragilidad institucional, agravada por esta simbiosis, ha generado un colapso donde la impunidad es la norma. Escándalos como el de Tabasco, donde exfuncionarios huyeron acusados de dirigir grupos criminales, ilustran cómo las élites políticas no solo toleran, sino que integran al crimen en su red de poder. Esta descomposición no es accidental: es el resultado de una política criminal ineficaz que, en lugar de prevenir, reacciona con represión selectiva, permitiendo que el crimen organizado infiltre el sistema político, económico y militar. En palabras de Lasch, estas élites carecen de «virtudes aristocráticas» como la obligación recíproca; en cambio, exhiben vicios que erosionan la democracia, convirtiendo al Estado en un instrumento de enriquecimiento ilícito y control mafioso.
En el catecismo de la Iglesia católica (CIC) se advierte de la gravedad de lo anterior que no sólo perjudica o degrada esta vida, también es pase directo a la condenación eterna y describe conforme a la Escritura: “Su riqueza está podrida y sus vestidos están apolillados; su oro y plata están tomados de herrumbre y su herrumbre será testimonio contra ustedes y devorará sus carnes como fuego. Han vivido sobre la tierra regaladamente y se han entregado a los placeres; han hartado sus corazones en el día de la matanza…” (CIC. No 2445)
Efectivamente, en estos días donde las matanzas en México se han visto como normales, urge un cambio radical de cosas; de lo contrario, la descomposición política, esa rebelión de las élites, nos arrastrará a un abismo donde la democracia no es más que una ilusión para el pueblo, pero ganancia de los poderosos y en donde traición y corrupción se dan un abrazo para consentir a ese mal que nos tiene subyugados, el crimen (político) organizado.