Imagine, amable lector, que usted o un familiar está bajo proceso judicial de cualquier índole. Se generan documentos, acuerdos y diligencias con importantes resoluciones y acciones; en un sistema judicial, los jueces y secretarios son los responsables de cuidar la documentación con datos sensibles, determinaciones, medios de defensa, contravenciones, todo lo necesario para hacer que un proceso falle a su favor o determine su responsabilidad o culpabilidad. Usted esperaría solo una cosa. Que esas actuaciones y documentos, dependiendo la gravedad del asunto, estén en manos de personas diligentes, observantes de un sigilo judicial escrupuloso, incluso si se transmiten vía electrónica, sabedoras que son pocas las personas autorizadas para poseerlos con un fin exclusivo.
Ahora, imagine que, de súbito, recibe en sus múltiples grupos de mensajería personal un archivo manipulable que, en su rubro, enuncia una causa judicial canónica. Desde luego que lo abriría para saber de qué se trata y conoce que nada tiene que ver con usted, pero trata de un extenso relato que involucra a casi media docena de personas en situaciones muy delicadas, de importancia y gravedad. Más preguntas podrían venir. ¿Por qué me lo envían? ¿Quién o quiénes son todo esos? ¿Quién difundió ese documento?
Lo anterior podría ser una inocua anécdota, pero no. Tampoco es un simple documento de los millones en el mar de información. Mucho menos son imberbes a quienes se les filtró la extensa declaración de delicados hechos.
La mañana el 27 de junio, varios grupos de mensajería recibieron del canciller de la arquidiócesis de México, padre Alan Téllez Aguilar, un archivo word de una causa en la que están implicadas religiosas, exreligiosas y un sacerdote a quien se le podrían imputar conductas indebidas. Desde luego, el relato de la acusada, una religiosa, ofrece datos sensibles y específicas que hacen a una personas identificada e identificable, apuntando hacia la buena fama de los ahí señalados.
Para cualquiera con tres dedos de frente, esa especie de documentos debe ser manejado con la más absoluta discreción y responsabilidad. Pero no para el padre Alan Téllez Aguilar y otro sacerdote, el padre José María, presumiblemente el vicario de vida consagrada, José María Romero Rodríguez, señalado y cuestionado por conductas abusivas de poder en contra congregaciones religiosas femeninas y colaborador muy cercano del obispo auxiliar Carlos Samaniego, “acompañante” de esa vicaría.
Alan Téllez es el sacerdote venido de menos con un cargo que le quedó grande. No han sido pocas las quejas de presbíteros y fieles sobre su prepotencia y arrogancia. Ordenado en mayo de 2016, dice haber cursado estudios en el Colegio Eclesiástico Internacional Sedes Sapientiae y de teología en la Pontifica Universidad de la Santa Cruz.
Téllez Aguilar sabe lo que implica su responsabilidad en el arzobispado. Como canciller, su obligación en mantener diligencia, cautela y prudencia; sin embargo, quienes le han conocido le han insistido aplicar el derecho como remedio espiritual, no como daga mortal. Presume de ser perito canónico y experto en relaciones interinstitucionales, pero algunos afirman su incapacidad para redactar siquiera una cuartilla por su propia cuenta. Necesitado del talento de otros, se cuelga medallas que no le tocan y es uno de los aguiaristas más incondicionales actuando siempre “Por mandato de su Eminencia”.
Y valdría la pena recordar lo que los cánones dicen. Que el canciller debe ser una «persona de buena fama y por encima de toda sospecha en las causas en las que pueda ponerse en juicio la buena fama de un sacerdote» y de cualquier fiel.
La filtración de este documento en redes de comunicación, por otro lado, tiene otras consecuencias que deben considerarse. No pudo haber sido un error. ¿Qué intereses guarda el canciller con esta filtración? Lo más grave es que Alan Téllez es el procurador de la acusada; al final, está faltando a uno de los deberes más esenciales de cualquier profesional, la debida diligencia del proceso. También, alguien con mínima materia gris lo sabe: Ningún documento judicial puede manipularse y enviarse como un meme o post de Facebook en celulares.
En el mundo ordinario esto acarrearía serias consecuencias, incluso la nulidad del procedimiento por la negligencia de Alan Téllez en el aparato aguiarista. Ha demostrado la clase de curial que es: incapaz e indigno de la confianza necesaria, pero solapado por el arzobispo Aguiar y sus auxiliares, entre ellos, el vicario judicial, el obispo Andrés Luis García Jasso y el moderador de la curia, Salvador González Morales.
Estas personas no se mueven solas, sus actos y actividades deben ser hechas en nombre del arzobispo. En cualquier empresa, seria y respetable, les costaría la cabeza de inmediato por haber traicionado su encargo y la secrecía de un procedimiento, pero no a los aguiaristas para quienes la petulancia es poder y el servicio, opresión.
La pregunta subsiste. ¿Para qué filtrar ese documento? La primera perjudicada es la acusada y la congregación a la que representa. ¿Habrá consecuencias? Lo dudamos, esos sujetos son útiles a alguien más alto. Al final quedará sólo el ingenuo e inocente: “Disculpen, me equivoqué de chat” que es el cliché de los tontos que ocultan con frases una corrupción que les desborda.
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