El Centro Católico Multimedial (CCM) emitió un comunicado lamentando profundamente el desplazamiento forzado del sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, conocido como «padre Fili», de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa en Guerrero. Este hecho, según el CCM, agrava la crisis de violencia en México que afecta los derechos humanos y el ministerio sacerdotal, impactando comunidades enteras. El director del CCM, el padre Omar Sotelo Aguilar, expresó solidaridad con Velázquez y llamó a las autoridades a garantizar la seguridad y estabilidad en el país.
El desplazamiento de Velázquez se produjo a finales de diciembre de 2025, tras una serie de amenazas directas del crimen organizado, que culminaron en su salida obligada de Guerrero. Según declaraciones del obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, confirmadas el 4 de enero de 2026, el sacerdote fue reubicado temporalmente en Chiapas por razones de seguridad. Inicialmente, se consideró un exilio en Canadá debido a la falta de garantías en el estado, pero se optó por una opción nacional para mantenerlo cerca de su labor pastoral. González enfatizó que la Iglesia no busca «mártires», sino «sacerdotes vivos» para continuar su misión.
Las circunstancias del desplazamiento están ligadas a la destacada labor de Velázquez como defensor de derechos humanos y mediador en conflictos armados. Como director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, fundado en 2018, ha acompañado a víctimas de desapariciones forzadas, desplazamientos internos y violencia armada en la región Centro y Sierra de Guerrero. Su rol como facilitador de paz lo expuso a riesgos extremos: en 2024, medió treguas entre grupos criminales rivales como Los Ardillos, Los Tlacos (o Cártel de la Sierra) y La Familia Michoacana, deteniendo confrontaciones que causaban decenas de muertes y paralizaban servicios públicos en municipios como Chilpancingo y Chilapa.
Sin embargo, esta actividad generó represalias. El 10 de octubre de 2023, Velázquez sufrió un atentado armado en la carretera Tixtla-Chilpancingo, donde balearon su vehículo. Tras el incidente, el gobierno federal le asignó una escolta de la Guardia Nacional a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Pese a esto, el obispo González calificó la protección como «insuficiente», argumentando que no disuadía amenazas persistentes. En mayo de 2024, Velázquez denunció intimidaciones por parte de soldados del Ejército Mexicano, y reportó seguimientos por hombres armados incluso en Chiapas, donde buscaba refugio temporal.
Además, una campaña de criminalización agravó su situación. Redes sociales vinculadas al ayuntamiento de Chilpancingo lo acusaron falsamente de nexos con actores armados, lo que Velázquez rechazó en un post de Facebook el 30 de octubre de 2025, afirmando su compromiso exclusivo con la paz y responsabilizando a las autoridades por su integridad. Fuentes eclesiásticas señalan que estas difamaciones provenían de esferas políticas, posiblemente para deslegitimar su trabajo. El grupo Los Ardillos, en particular, ha sido señalado por Velázquez como responsable de presiones directas que lo obligaron a huir, según reveló en una entrevista con Aristegui Noticias.
Este caso no es aislado, como destaca el CCM en su comunicado. Desde hace más de una década, el centro ha documentado agresiones contra el clero católico en México. Entre las víctimas figuran el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, asesinado en 1993; 62 sacerdotes; un diácono; y 23 laicos, incluyendo una periodista católica. Tres sacerdotes permanecen desaparecidos. Recientemente, en octubre de 2025, el padre Bertoldo Pantaleón Estrada fue asesinado en Guerrero, sumándose a una lista que refleja el ascenso de violencia contra parroquias y comunidades, vulnerando la libertad de culto.
El CCM atribuye esta crisis a una «descomposición social» agravada por corrupción, impunidad y ausencia de estado de derecho, donde poderes fácticos suplantan a la autoridad legítima. Critica al Estado por abdicar de su obligación de proporcionar justicia y seguridad, mientras la Iglesia busca reconstruir el tejido social. Los obispos mexicanos, en su mensaje de noviembre de 2025, advirtieron: «No podemos seguir callando e ignorando estas realidades de violencia y muerte; de inseguridad e inestabilidad». Velázquez representa miles de desplazados en México, pero su caso como sacerdote implica abandonar comunidades, generando inestabilidad espiritual y social.
En entrevistas recientes a medios, Velázquez confirmó que las amenazas no son nuevas, pero se volvieron insostenibles. «Andamos metidos en la refriega por buscar la reconciliación, y salimos afectados», dijo el obispo González.
El CCM concluye su comunicado con un llamado urgente a autoridades federales, estatales y municipales para destinar recursos contra el desplazamiento forzado, considerado anormal y no circunstancial. Expresa esperanza en Cristo como «rey de la paz» y solidaridad con todos los afectados por la violencia. Este episodio subraya la urgencia de proteger a defensores como Velázquez, cuya labor es vital en un México fracturado por el crimen organizado.
El comunicado completo puede ser leído a continuación:
Centro Católico Multimedial
8 de enero de 2026
A la opinión pública,
Ante el desplazamiento forzado del padre Filiberto Velázquez, sacerdote de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, el Centro Católico Multimedial lamenta profundamente este agravamiento de la violencia que perjudica los derechos humanos y ministerio sacerdotal impactando a comunidades y pastoral realizada por el padre Fili para bien de muchos fieles católicos y hombres y mujeres, sin importar su creencia religiosa.
Desde hace más de una década, el Centro Católico Multimedial ha documentado la serie de agresiones, ataques y, lamentablemente, homicidios contra del clero católico. Al comenzar a documentar estos hechos, algunos afirmaron, incluso desde la misma jerarquía eclesiástica, que eran eventos aislados sin relación alguna con el ministerio y labor sacerdotal.
Sin embargo, un cardenal, Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, 62 sacerdotes, un diácono y 23 laicos, entre ellos, una periodista católica, han sido asesinados en México, además de no tener noticia alguna sobre el paradero de tres sacerdotes.
A esto se suma un alarmante ascenso de la violencia contra comunidades y parroquias vulnerando la seguridad de ministros y fieles, implicando también un ataque a la libertad de culto cuando fieles católicos han padecido la violencia al seno de los lugares que deberían ser recintos de paz.
Vivimos un período de nuestra historia moderna por demás preocupante. La violencia es producto de una descomposición e insensibilidad y la falta del respeto por los más vulnerables. México vive una decadencia inaudita agravada por la corrupción e impunidad solapada por la ausencia de estado de derecho y rectoría de la ley. Se ha suplantado a la autoridad por otros poderes que pretenden regir y gobernar por encima de la ley.
La Iglesia católica en México pretende construir la paz y colaborar con el resarcimiento del tejido social; sin embargo, el Estado se ha mostrado fallido abdicando de su principal obligación: garantizar la justicia y otorgar seguridad.
El desplazamiento del padre Fili es uno de los miles que han sucedido a lo largo y ancho del país y así los obispos de México lo han denunciado. Pero en un sacerdote implica una doble cuestión: Dejar su lugar de origen y abandonar a una comunidad son signo de inestabilidad que lastima y vulnera a las comunidades católicas.
Y este es un llamado a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, comprometer recursos y acciones para dar estabilidad a una República que se resquebraja. Ningún desplazamiento forzado es normal ni debe ser visto como meramente circunstancial; es deber del Estado procurar la seguridad al padre Fili e impedir que sucedan acciones que enluten de nuevo a cualquier comunidad católica.
Como bien afirmaron los obispos de México en su mensaje al Pueblo de Dios en noviembre pasado: No podemos seguir callando e ignorando estas realidades de violencia y muerte; de inseguridad e inestabilidad, de fragmentación y resquebrajamiento; de duelo y dolor. “Sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral, incluso algunos políticos que buscan cambiar esta situación han sido amenazados y asesinados ante la impotencia ciudadana”.
Desde el Centro Católico Multimedial enviamos nuestro más profundo gesto de solidaridad, unido a la fe y esperanza, por el bien del padre Fili y su ministerio sacerdotal. Y a todos los obispos, sacerdotes y agentes de pastoral quienes, en este momento, sufren o padecen algún tipo de violencia que pone en peligro su vida e integridad. Cristo, rey de la paz, sea nuestra reconciliación y esperanza.
Pbro. Omar Sotelo Aguilar, SSP
Director CCM