En un contexto de crecientes desigualdades y debates sobre el rol del Estado en la sociedad, el Observatorio de Ciudadanía Católica y Análisis Social ha publicado su reporte número 42, titulado «¿Qué Evaluación Merecen los Subsidios Sociales de la 4T? Elementos para el Discernimiento». Fechado el 2 de febrero de 2026, este documento ofrece una mirada crítica desde la Doctrina Social de la Iglesia católica a los programas de bienestar impulsados por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. El reporte no solo detalla los hechos y el análisis económico, sino que enfatiza criterios éticos como el principio de subsidiariedad, cuestionando si estos subsidios fomentan la dignidad humana o perpetúan dependencias políticas.
El documento inicia con una cita del papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est (2005), que sirve como criterio ético central: «El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido —cualquier ser humano— necesita: una entrañable atención personal». Esta advertencia resuena en el análisis del OCCAS, que critica cómo los subsidios de la 4T han transformado la asistencia social en un mecanismo de control electoral, en lugar de promover la autonomía de las personas y las comunidades.
Entre los hechos destacados, el reporte describe el cambio drástico implementado por el gobierno de AMLO en 2018: la sustitución de paquetes integrales de apoyos materiales por entregas directas de dinero en efectivo a través del Banco del Bienestar. Esto, argumenta el documento, eliminó burocracias intermedias bajo el pretexto de combatir la corrupción, pero en realidad creó una relación personalizada entre el presidente y los beneficiarios. Frases como «La pensión de López Obrador» o «La beca de López Obrador» ilustran esta personalización, que ha generado lealtades casi devocionales, con imágenes del mandatario en altares familiares, especialmente en sectores vulnerables como adultos mayores rurales, personas con discapacidad, madres solteras y jóvenes sin empleo.
Actualmente, según datos del reporte, hay cerca de 19 millones de beneficiarios en los programas de la Secretaría del Bienestar. La Pensión para Adultos Mayores alcanza a 12.4 millones de personas con 6,200 pesos bimestrales; Jóvenes Construyendo el Futuro beneficia a 2.2 millones con un salario mínimo mensual (alrededor de 9,500 pesos); la Pensión para Personas con Discapacidad cubre 1.4 millones con 3,200 pesos bimestrales; y otros como Sembrando Vida (433,890 beneficiarios con 6,250 pesos mensuales) o la Pensión Mujeres Bienestar (964,556 mujeres con 3,000 pesos bimestrales). El presupuesto para 2026 asigna casi un billón de pesos (987 mil millones) a 16 programas prioritarios, un incremento del 14.1% respecto a 2025, incluyendo novedades como Salud Casa por Casa y la Beca Rita Cetina.
Sin embargo, el Observatorio cuestiona la ética de esta distribución universal e indiscriminada. ¿Es un acierto entregar dinero en efectivo sin condiciones, o debería diversificarse para fomentar el desarrollo personal? El principio de subsidiariedad, clave en la enseñanza católica, propone que el Estado apoye generosamente las iniciativas de las fuerzas sociales, uniendo espontaneidad y cercanía a los necesitados, en lugar de dominarlo todo. El reporte advierte que los subsidios de la 4T pervierten este principio al convertirse en una «alianza política» con fines electorales. Por ejemplo, los «Servidores de la Nación» —19,394 jóvenes que operan como un ejército electoral— dispersan recursos y movilizan votantes, como se vio en las elecciones de 2024, donde AMLO los conminó a «aceitar la maquinaria» para mantener a Morena en el poder.
En el análisis, el documento resalta que, aunque la pobreza ha disminuido (de 13.4 millones de mexicanos saliendo de ella entre 2018 y 2024), el motor principal ha sido el triplicado del salario mínimo (de 102 pesos diarios en 2018 a 315 en 2026), no los subsidios. Estos últimos, financiados por endeudamiento público excesivo, generan déficits fiscales y riesgos inflacionarios, sin ser sostenibles a largo plazo. El reporte proyecta que los adultos mayores se duplicarán hacia 2050, elevando el costo de las pensiones, mientras la recaudación tributaria resulta insuficiente sin nuevos ingresos petroleros. Éticamente, esto plantea si los subsidios promueven la justicia social o solo una gratitud pasajera, ignorando la necesidad de educación y empleos dignos para un desarrollo integral.
También critica la falta de focalización: los subsidios universales no priorizan a los más vulnerables contrastando con gobiernos anteriores que, aunque neoliberales, fallaron en conectar políticas con las mayorías. Además, el régimen actual, con su populismo autoritario, entorpece inversiones privadas y abre puertas a pactos con el crimen organizado dañando la estructura social.
Las conclusiones del reporte son contundentes, los subsidios han incrementado significativamente el gasto social total y virado hacia lealtades electorales vía deuda. Verdaderamente, lo que desarrolla a la sociedad es la educación y el trabajo, no asistencialismo dependiente. Como líneas de acción ciudadana, propone: 1) Consultar si estos subsidios aplican sanamente la subsidiariedad o si pervierten personas, familias e instituciones; 2) Reflexionar en familias receptoras sobre el uso del dinero; 3) Exigir a gobiernos de Morena que no conviertan el dinero público en mecanismo de dependencia y control electoral.
Este reporte invita a un discernimiento ético urgente en México donde la 4T se autodenomina revolucionaria, pero insiste en perpetuar desigualdades al priorizar lealtades políticas sobre la dignidad humana. En un país con más de la mitad de la población en pobreza persistente, la enseñanza católica recuerda que el Estado debe subsidiar, no absorber, para fomentar una sociedad justa y solidaria.
El reporte completo puede consultarse aquí