En un contexto de creciente violencia y manipulación estadística, el Observatorio de Ciudadanía Católica y Análisis Social ha publicado su reporte número 44, titulado «Crimen Organizado y Sus Nexos con Políticos». El documento ofrece elementos para el discernimiento ético y social, basados en la Doctrina Social de la Iglesia. El reporte denuncia la fusión entre estructuras criminales y el poder político, particularmente bajo el régimen de Morena y la llamada «4T», y plantea preguntas críticas: ¿Cómo sobreviven los carteles si llega menos droga a Estados Unidos? ¿Cuál es el tamaño del poder económico de las mafias coludidas con políticos? ¿Existe verdadera convicción en los gobiernos federal y estatales para combatir el crimen, o es solo una reacción a las presiones de Donald Trump?
El documento inicia con un criterio ético extraído del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (n. 394), que enfatiza que la autoridad política debe ejercerse dentro del orden moral y en pro del bien común, obligando a los ciudadanos a obedecer solo bajo esas condiciones. Esta premisa sirve de marco para analizar hechos recientes que ilustran la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas.
Entre los hechos destacados, el reporte detalla la captura del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, el 5 de febrero de 2026, en la operación «Enjambre» liderada por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. Acusado de narcotráfico, secuestro, delincuencia organizada y extorsión a empresas tequileras mediante «derecho de piso», Rivera Navarro era presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su director de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez Sosa, cobraba personalmente las extorsiones. La alcaldesa interina, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, ha sido criticada por aparecer en videos cantando narcocorridos que glorifican a «El Mencho», líder del CJNG. Medios como YouTube y portales locales reportan que la población de Tequila sabía de estos nexos, aunque la nueva edil lo niega. Antonio Lancaster-Jones, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), contradijo sus declaraciones, afirmando extorsiones a diversos ramos empresariales.
Otro caso alarmante es el secuestro y asesinato de diez trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, a inicios de febrero. Cinco cuerpos fueron identificados el 10 de febrero, pertenecientes a empleados de la canadiense Vizsla Silver Corp. Inicialmente atribuidos a confusiones entre facciones del Cártel de Sinaloa («Los Chapitos»), investigaciones apuntan a la negativa de pagar «derecho de piso». El reporte cita a Jorge Fernández Menéndez, quien denuncia que el CJNG ha tomado minas de oro y plata en fronteras como Jalisco-Zacatecas, con complacencia de autoridades. Además, menciona el hallazgo de dos empresarios muertos en San Luis Potosí el 7 de febrero: Pablo Ortega Venegas y Óscar Osbaldo Luna Silva, este último precandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Villa de Reyes.
La violencia contra empresarios se intensifica, afectando no solo a ellos sino a la población general. El reporte critica el manejo gubernamental de las desapariciones, con colectivos de madres buscadoras protestando por cifras manipuladas. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia del 10 de febrero, afirmó una reducción del 42% en homicidios dolosos de septiembre de 2024 a enero de 2026, bajando de 86.9 a 50.9 diarios. Sin embargo, el documento cuestiona estos datos, citando la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún en julio de 2025 como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, ante un registro oficial de más de 131 mil desaparecidos. Según Reyes, el 59.51% de hombres localizados aparecen sin vida, y el 40.28% de mujeres.
Una tabla en el reporte compara desapariciones por sexenio: Felipe Calderón (2006-2012) registró 16,981 (8 por día); Enrique Peña Nieto (2012-2018), 32,513 (15 por día); y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), 53,650 (25 por día). La organización Causa en Común denuncia anomalías en cifras de homicidios, como reducciones «fuera de lo común» en entidades como Tabasco (-77%) y Nuevo León (-72%), atribuidas a reclasificaciones y ocultamientos.
En el análisis, el observatorio argumenta que estos hechos revelan una «narco-crisis» nacional, con colusión entre Morena y carteles. Casos como Tequila y la mina sinaloense son síntomas de que el crimen se apodera de economías regionales, agravado por presiones externas que reducen el flujo de drogas. El reporte acusa al gobierno de ocultar la realidad con cifras falsas, mientras la fusión entre políticos y criminales reaches extremos. Ejemplos incluyen Tabasco, donde el gobernador Adán Augusto López Hernández designó a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de «La Barredora» (brazo del CJNG), como secretario de Seguridad, y a Leonardo Arturo Leyva Ávalo como jefe de policía.
La lista de empresarios asesinados crece en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco y Puebla. Cámaras como la American Chamber de México registran impactos económicos del chantaje, incluyéndolos en balances contables. El observatorio denuncia la proliferación de «empresarios del hampa» bajo la 4T, como el «Clan Andy» y empresas fantasma ligadas a proyectos públicos, facilitadas por notarios complacientes.
En conclusiones, el reporte afirma que los carteles se fortalecieron y extendieron nacionalmente, invadiendo el Estado. Atribuye cinco «aportaciones» de Morena y la 4T: 1) Fusión de estructuras políticas con carteles (narco-presidentes, narco-gobernadores); 2) Políticas como «abrazos, no balazos» que permitieron armamento y extorsión; 3) Expansión territorial del crimen; 4) Relaciones expuestas, como AMLO con «El Rey del Huachicol» Sergio Carmona; 5) Renovación criminal hacia extorsión empresarial, secuestros y desapariciones.
El documento cita un tuit de Manuel López San Martín del 22 de julio de 2025, cuestionando si López Obrador sabía de nexos narco en su entorno. La directriz de acción urge rechazar la normalización, fomentar círculos de conciencia ciudadana y limpiar el Estado. «Parece que llegamos tarde, pero necesitamos comenzar con la limpieza del crimen organizado en las entrañas del Estado Mexicano», concluye.
El reporte completo puede ser visto aquí.