Una comunidad de religiosas dedicada al cuidado de enfermos terminales ha llevado ante los tribunales al Estado de Nueva York para frenar una ley que, según denuncian, les obliga a actuar contra su fe bajo amenaza de sanciones económicas e incluso penas de prisión. Según informa The Washington Times, la demanda ha sido presentada por las Dominicas de Hawthorne, una institución con más de un siglo de servicio.
Las hermanas, que atienden gratuitamente a pacientes con cáncer en fase terminal, impugnan una normativa estatal que impone el uso de pronombres según la identidad de género y la asignación de habitaciones y espacios conforme a ese criterio.
Una imposición legal que afecta a la conciencia
La ley, aprobada en 2024 y aplicada por el Departamento de Salud de Nueva York, obliga a los centros de cuidados prolongados a tratar a los pacientes en función de su identidad de género, incluso en aspectos sensibles como el alojamiento o el acceso a baños, aunque otros residentes se opongan.
También exige el uso obligatorio de pronombres elegidos por los pacientes y la implementación de programas de formación ideológica para el personal. Según la demanda, los materiales oficiales promueven entornos que afirmen determinadas conductas sexuales, incluidas relaciones extramatrimoniales, salvo prohibición general.
Las religiosas sostienen que cumplir estas exigencias supondría contradecir principios esenciales de su fe y aceptar una visión antropológica incompatible con la doctrina que guía su labor asistencial.
Multas elevadas y riesgo de prisión
El incumplimiento de la normativa puede acarrear multas de hasta 2.000 dólares por una primera infracción, 5.000 en caso de reincidencia y hasta 10.000 dólares o un año de cárcel si se considera una vulneración deliberada.
La propia ley establece que basta con conocer la norma para que la infracción sea considerada “voluntaria”, lo que, en la práctica, sitúa a las instituciones ante una disyuntiva directa entre obedecer o resistir.
Un hogar para enfermos pobres en el centro del conflicto
El caso afecta al Rosary Hill Home, una residencia de 42 camas donde las hermanas atienden sin coste a enfermos pobres en sus últimos días. Su misión, explican, es ofrecer dignidad, alivio del dolor y acompañamiento en la etapa final de la vida.
La superiora general, madre Marie Edward, ha subrayado que siempre han cuidado a personas de toda condición sin discriminación, pero advierte de que aplicar este mandato estatal les obligaría a actuar contra su conciencia.
Denuncian trato desigual ante la ley
Con el apoyo de la Catholic Benefits Association, las demandantes señalan además que la normativa contempla excepciones para algunas confesiones religiosas, pero no para instituciones como la suya.
Tras solicitar sin éxito una exención, han recurrido a un tribunal federal alegando que la ley vulnera derechos fundamentales como la libertad religiosa y la igualdad ante la ley.