La Conferencia Episcopal Peruana ha reaccionado a raíz de la información publicada por Infovaticana hace apenas dos días con un comunicado oficial que introduce un giro relevante respecto a la línea seguida hasta ahora desde el ámbito diocesano. Frente a los mensajes defensivos y cerrados difundidos en Huacho, el episcopado peruano reconoce la existencia de hechos denunciados, afirma que se están llevando a cabo actuaciones para su esclarecimiento y anuncia la salida del propio Mons. Antonio Santarsiero Rosa de uno de sus cargos clave.
El comunicado, fechado el 9 de abril de 2026 y firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Carlos Enrique García Camader, señala que se están realizando “todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos denunciados”, subrayando que dichas actuaciones se desarrollan conforme a los protocolos establecidos y a la legislación vigente, tanto canónica como civil. La afirmación implica que el caso ha entrado, al menos formalmente, en una fase de tratamiento institucional.
El punto más significativo es la decisión de Mons. Santarsiero de apartarse del cargo de secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana. El texto lo presenta como un “acto de responsabilidad con la misión institucional”, orientado a facilitar el esclarecimiento de la verdad. Se trata de una medida de carácter político-eclesial, pero introduce un elemento que hasta ahora había estado ausente: la asunción de que la situación requiere distanciamiento y no blindaje.
El comunicado insiste también en la confianza en el sistema penal canónico y en su adecuada aplicación, en un intento de trasladar la idea de que el proceso se encauzará por las vías formales previstas por la Iglesia. Pero el elemento más relevante no está ahí, sino en la apertura explícita a posibles nuevas víctimas. La Conferencia Episcopal recuerda que las personas afectadas pueden acudir a los canales de denuncia previstos conforme al motu proprio Vos estis lux mundi. Este punto marca una diferencia sustancial respecto a otras crisis recientes: frente a la tendencia a desacreditar o señalar a quienes denuncian, aquí se lanza un mensaje institucional claro de disponibilidad para escuchar. Es un gesto importante, porque desplaza el foco desde la defensa corporativa hacia la acogida de posibles afectados.
Una renuncia parcial que no resuelve el problema de fondo
La decisión de abandonar la secretaría general introduce, sin embargo, una contradicción evidente. Santarsiero deja un cargo de representación institucional, pero mantiene intacto el núcleo de su poder real: sigue siendo obispo de Huacho, continúa al frente de la formación de seminaristas y conserva el control sobre la estructura económica y patrimonial de la diócesis. En términos prácticos, la medida no altera su capacidad de gobierno ni su posición jerárquica.
El resultado es una escisión artificial entre lo representativo y lo efectivo. Se sacrifica la visibilidad en la Conferencia Episcopal, pero se preserva la autoridad en la diócesis. Si la situación es lo suficientemente grave como para justificar una retirada en el ámbito nacional, resulta difícil sostener que no requiere ninguna medida en el ámbito donde el obispo ejerce directamente su potestad.
La CEP actúa dentro de sus competencias
Conviene precisar el marco competencial. La Conferencia Episcopal Peruana ha actuado correctamente dentro de sus límites. No tiene potestad para suspender a un obispo en el ejercicio de su ministerio ni para imponer medidas cautelares sobre su gobierno diocesano. Su capacidad se circunscribe a los cargos internos de la propia conferencia, y en ese ámbito la actuación es la única posible: apartar a Santarsiero de la secretaría general.
Además, el hecho de que el comunicado recuerde a los posibles afectados que existen canales institucionales de escucha y denuncia no es un detalle menor. En un contexto en el que tantas veces la primera reacción eclesial ha consistido en cerrar filas o poner bajo sospecha a quien denuncia, aquí los obispos peruanos han querido trasladar algo distinto: que hay una institución dispuesta a escuchar. Esa apertura merece ser reconocida.
Ahora la responsabilidad pasa a Roma
Pero precisamente porque la Conferencia Episcopal no puede ir más allá, la pelota queda ahora en el tejado de Roma. Si existen denuncias graves, si se reconoce la necesidad de esclarecimiento y si ya se ha producido una retirada institucional, la ausencia de medidas adicionales por parte de la Santa Sede convertiría todo el movimiento en algo difícilmente comprensible.
La situación queda así definida con bastante claridad. La Conferencia Episcopal ha hecho lo que podía hacer. Pero si desde Roma no se adoptan medidas sobre el gobierno pastoral de la diócesis, sobre la relación de Santarsiero con los seminaristas o sobre su continuidad al frente de la administración y de las entidades vinculadas a la diócesis, la renuncia a la secretaría general correrá el riesgo de quedarse en un gesto incompleto. No tendría sentido apartarlo de un cargo de representación y dejar intacto todo lo demás.