La difusión de un comunicado en nombre de todo un presbiterio sin respaldo efectivo de sus miembros no es un detalle menor ni una cuestión formal. Es un síntoma. En la diócesis de Huacho, el vicario general, Alejandro Alvites, ha impulsado y distribuido un texto presentado como expresión unánime del clero diocesano en defensa del obispo, Mons. Antonio Santarsiero Rosa. El problema es que esa unanimidad no existe.
Infovaticana ha tenido acceso a los mensajes internos del grupo de WhatsApp del presbiterio, canal a través del cual se gestó y se difundió el comunicado. Lo que se observa no es un proceso de consulta, deliberación o votación, sino la imposición de un texto ya cerrado, trasladado a los sacerdotes como hecho consumado. El propio Alvites lo introduce como “comunicado y pronunciamiento del presbiterio”, atribuyéndole “pleno respaldo de solidaridad”, sin que conste mecanismo alguno que justifique esa afirmación.
Transcripción íntegra del mensaje enviado por Alejandro Alvites:
“Estimados hermanos en el sacerdocio, un saludo cordial después de haber dialogado con los decanos sobre las calumnias por los medios a nuestro Obispo les hacemos llegar el comunicado y pronunciamiento del presbiterio con nuestro pleno respaldo de solidaridad que sea también expresión del pueblo de nuestras parroquias, bendiciones”
La escena es reveladora. No hay rastro de contraste, matiz o discrepancia. No hay firma individual ni colectiva. No hay procedimiento. Solo una voluntad de proyectar hacia fuera una imagen de cohesión que internamente no se ha construido.
El contenido del comunicado agrava la situación. No se limita a expresar cercanía o a pedir prudencia, sino que entra de lleno en la calificación de las acusaciones como “injustas y difamatorias”. Es decir, prejuzga y señala a unas presuntas víctimas que incluyen a un menor. Y lo hace en nombre de todos los sacerdotes de la diócesis. En términos canónicos, esto no es una imprudencia menor, sino una interferencia directa en cualquier investigación presente o futura. La Iglesia ha establecido con claridad que ante denuncias de esta naturaleza la respuesta debe articularse en torno a procesos: investigación previa, adopción de medidas cautelares, instrucción formal. Aquí no hay nada de eso.
El recurso a un supuesto respaldo del presbiterio no solo es inexacto, sino que introduce un elemento de presión ambiental. Quien discrepa queda implícitamente situado fuera de la comunión. Se construye así un consenso artificial que protege a la autoridad, no a la verdad. Es un esquema de poder primario: primero se afirma la inocencia, después se desacredita la denuncia, y finalmente se invoca la unidad para cerrar cualquier debate.
No es una cuestión de estilo, sino de fondo. Este modo de proceder revela inseguridad. Cuando una institución confía en sus propios mecanismos jurídicos, no necesita blindarse mediante comunicados colectivos dudosos. Deja que los hechos se investiguen, que las pruebas se valoren y que las decisiones se adopten conforme a derecho. Aquí ocurre lo contrario: se anticipa el veredicto y se instrumentaliza al presbiterio para sostenerlo.
El resultado es doblemente dañino. Hacia fuera, compromete la credibilidad de la Iglesia en un ámbito especialmente sensible como el de las denuncias de abuso. Hacia dentro, erosiona la confianza entre los propios sacerdotes, que ven cómo su nombre puede ser utilizado sin su consentimiento para avalar posiciones que no han suscrito y que les pueden marcar de por vida.
No hay justificación posible para este tipo de prácticas. Ni pastoral ni jurídica. La Iglesia no puede permitirse funcionar por adhesiones forzadas a través de los cargos institucionales más relevantes de la diócesis. En situaciones así solo hay un camino serio: procesos, investigación, medidas. Todo lo demás es ruido, y en este caso, además, un escándalo.