Antonio Santarsiero Rosa nació el 13 de junio de 1951 en Italia. Llegó al Perú en 1973 como oblato de San José, fue ordenado sacerdote en 1980 y en 2001 Juan Pablo II lo nombró obispo prelado de Huari. En 2004 fue trasladado a Huacho, diócesis que gobierna desde entonces. Hoy es además secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, cargo al que accedió en enero de 2025 para un mandato que se extiende hasta 2028.
Su perfil es el de un administrador de largo recorrido. No es una figura mediática ni protagoniza debates doctrinales. Su peso dentro de la Iglesia peruana se explica por tres factores acumulados: más de veinte años en la misma diócesis, una presencia sostenida en la conducción económica del episcopado y, desde finales de 2024, el control de la secretaría general, que es el centro operativo de la Conferencia Episcopal.
En el área económica lleva más de un lustro. Fue elegido presidente del Consejo Económico en enero de 2020 y reelegido en enero de 2022. Durante ese segundo mandato, Robert Prevost ocupaba la segunda vicepresidencia. La diócesis de Huacho, que administra en paralelo, opera dentro del marco del acuerdo entre la Santa Sede y el Perú, que reconoce a los obispados personería jurídica pública con capacidad patrimonial plena y un régimen de control externo limitado, lo que garantiza un poder económico sin exigencias de transparencia equiparables a las de una sociedad mercantil.
El ascenso a la secretaría general se produjo en noviembre de 2024, cuando el Consejo Permanente lo designó interinamente. En la asamblea plenaria de enero de 2025 fue ratificado para el periodo 2025-2028. Desde esa posición gestiona la coordinación entre organismos, el flujo de información interna y la ejecución cotidiana de las decisiones del episcopado peruano.
Su consolidación en la cúpula coincide con un contexto institucional sensible. En 2024, la Conferencia Episcopal Peruana fue objeto de críticas por actuaciones públicas interpretadas como una forma de presión sobre un abogado sacerdote que intervenía en causas de abusos sexuales, a quien inhabilitaron sin proceso a través de un extraño comunicado de prensa, en un episodio inusual por su antijuricidad y por su impacto en procedimientos en curso. Santarsiero formaba parte entonces del núcleo dirigente.
A día de hoy, su situación añade un elemento de riesgo evidente para la institución. Existen denuncias de abusos sexuales de especial gravedad que presentan un grado relevante de verosimilitud. Entre los hechos descritos figura el testimonio de una víctima que era menor de edad en el momento de los hechos y que relató de forma inmediata y espontánea lo ocurrido a terceros, lo que constituye un indicio sólido de credibilidad en términos jurídicos. La concurrencia de elementos de corroboración, la coherencia del relato y el contexto en el que se producen las denuncias configuran un caso que, desde un análisis técnico, no puede ser descartado sin investigación exhaustiva y medidas inmediatas. La ausencia de una respuesta clara por parte de la Santa Sede que viene recibiendo denuncias al menos desde 2024 eleva el riesgo de que la situación derive en un problema de mayor alcance institucional si no se adoptan medidas urgentes.