Un grupo de víctimas ha denunciado públicamente la falta de atención y respuesta por parte del Arzobispado de Lima en el caso del sacerdote Marco Antonio Agüero Vidal, investigado por presuntos delitos de índole sexual, según informaciones publicadas por el diario peruano Perú21 y un comunicado difundido por las propias denunciantes.
Denuncias de las víctimas y cuestionamientos a la autoridad eclesial
En un comunicado difundido el 7 de abril, las denunciantes —cinco mujeres, entre ellas tres menores de edad— expresaron su “profunda indignación, dolor y preocupación” por el desarrollo del caso y por la actuación de la autoridad eclesiástica.
Las víctimas señalan que, pese a haber presentado sus denuncias en diciembre de 2025, no han sido recibidas personalmente por el arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo, lo que ha generado “una profunda sensación de abandono”.
Asimismo, cuestionan que la defensa legal del sacerdote investigado habría sido proporcionada por el propio Arzobispado, lo que ha provocado desconcierto entre los denunciantes al considerar que el respaldo institucional no se ha dirigido de igual manera hacia las víctimas.
Proceso judicial y solicitud de prisión preventiva
El caso se encuentra actualmente en sede judicial. La audiencia de apelación se celebró el 6 de abril, tras la decisión inicial del 21° Juzgado de Investigación Preparatoria de otorgar comparecencia restrictiva al sacerdote.
El Ministerio Público ha solicitado la revocatoria de esta medida y ha pedido nueve meses de prisión preventiva, argumentando la falta de arraigo laboral del investigado y el riesgo de entorpecimiento del proceso.
Parte del sustento probatorio incluye testimonios recogidos en Cámara Gesell, en los que se describen presuntos actos de connotación sexual cometidos en contextos vinculados a actividades religiosas.
Contradicciones en la versión del Arzobispado
Uno de los aspectos más controvertidos del caso son las discrepancias en las comunicaciones del Arzobispado de Lima. Mientras que públicamente reconoció haber recibido una denuncia formal en diciembre de 2025, una respuesta oficial enviada a la Policía el 9 de marzo indicaba que el sacerdote no registraba quejas ni procesos disciplinarios previos.
Esta afirmación fue posteriormente contradicha por el propio sacerdote, quien reconoció ante las autoridades tener conocimiento de las denuncias desde meses antes.
Además, el Arzobispado señaló en su respuesta que no podía proporcionar mayor información invocando el “secreto pontificio”, una justificación cuestionada en el contexto de las reformas introducidas en 2019, que excluyen este tipo de delitos de dicha reserva.
Actividad pastoral y falta de medidas visibles
Según la información disponible, el sacerdote continuó desempeñando actividades pastorales hasta el 1 de marzo, fecha en la que los hechos se hicieron públicos, a pesar de que ya tenía conocimiento de las denuncias en su contra.
Por su parte, la abogada de las víctimas ha señalado que hasta el momento no ha existido contacto directo por parte del Arzobispado con las denunciantes.
Llamado a las autoridades eclesiásticas
En su comunicado, las víctimas han solicitado la intervención directa de diversas autoridades de la Iglesia, entre ellas el cardenal Carlos Castillo, la Conferencia Episcopal Peruana, el nuncio apostólico en el país y el propio papa León XIV, a quien piden que tome conocimiento de la situación.
Las denunciantes subrayan que su objetivo es que “la verdad salga a la luz” y que la Iglesia garantice la protección de las personas más vulnerables.
A la espera de una decisión judicial
La Sala Penal deberá emitir en los próximos días una resolución definitiva sobre la situación del sacerdote investigado, que determinará si continúa el proceso en libertad o si se ordena su ingreso en prisión preventiva.
Mientras tanto, el caso continúa generando preocupación tanto en el ámbito judicial como en el eclesial, por las implicaciones que plantea en materia de responsabilidad institucional y atención a las víctimas.