El Ministerio de Igualdad ha decidido extender su actuación sobre distintas cofradías españolas tras el caso de Sagunto (Valencia), donde una hermandad optó por mantener sus estatutos tradicionales tras una votación interna. Según han informado diversos medios, el Instituto de las Mujeres ha remitido nuevos requerimientos a tres cofradías —dos en Córdoba y una en Albacete— para que revisen sus normas de participación, en una iniciativa que confirma un cambio de escala en la intervención institucional sobre estas realidades.
De un caso puntual a una línea de actuación
Lo ocurrido en Sagunto no ha quedado como un episodio aislado. Aquel conflicto, surgido tras la negativa de una cofradía a modificar sus reglas internas sobre la participación de mujeres, ha servido como punto de partida para una supervisión más amplia. A partir de ahí, el foco se ha desplazado hacia otras hermandades donde existen normas similares, lo que dibuja una línea de actuación cada vez más definida por parte del Ejecutivo.
En este contexto, las denuncias individuales —tres en este caso— actúan como detonante, pero el alcance de la respuesta apunta a un objetivo más general: revisar el funcionamiento interno de las cofradías a la luz de los criterios de igualdad impulsados desde el Gobierno.
Los casos señalados: Córdoba y Albacete
Ese movimiento se concreta ahora en varias hermandades. Según Igualdad, en Córdoba, la de Nuestra Señora de los Dolores ha sido cuestionada por no permitir la participación de mujeres como costaleras ni la existencia de grupos mixtos. En la misma provincia, en Aguilar de la Frontera, la Hermandad del Santo Sepulcro limita la presencia femenina a un número reducido y sin acceso a los mismos derechos que los hombres.
En paralelo, en Albacete, la Cofradía del Silencio y Santo Vía Crucis ha sido señalada por exigir una altura mínima de 1,70 metros para los costaleros, un criterio que, según el Ministerio, podría implicar una discriminación indirecta.
Aunque cada caso presenta sus particularidades, todos comparten un denominador común: la existencia de normas internas que responden a una tradición propia y que ahora son objeto de revisión desde instancias externas.
El encaje entre ley y tradición
El Instituto de las Mujeres fundamenta sus actuaciones en la legislación vigente, recordando que todas las asociaciones deben respetar el principio de igualdad. Sin embargo, esta aplicación directa de la norma se convierte en una exigencia en entidades que no nacen como estructuras administrativas, sino como expresiones de religiosidad popular con siglos de historia.
¿Hasta qué punto puede aplicarse un criterio uniforme a realidades que se han configurado con lógicas distintas, muchas veces vinculadas a tradiciones, simbolismos y formas de organización propias?
El precedente de Sagunto y sus consecuencias
El caso de Sagunto introduce, además, un elemento nuevo que condiciona el conjunto del debate. La decisión del Gobierno de iniciar los trámites para retirar la declaración de Interés Turístico Nacional a su Semana Santa ha añadido un componente de presión que trasciende lo meramente jurídico.
No se trata ya solo de requerimientos formales, sino de la posibilidad de que el reconocimiento público —con las implicaciones sociales y económicas que conlleva— dependa de la adaptación de las cofradías a determinados criterios. Este precedente proyecta sus efectos sobre el resto de hermandades, que observan cómo decisiones internas pueden acabar teniendo consecuencias externas relevantes.
La cuestión ya no se limita a quién puede o no participar en una procesión, sino al margen real que tienen estas asociaciones para mantener sus normas sin verse obligadas a reinterpretarlas bajo parámetros ajenos a su tradición.