La narrativa sobre la supuesta trama sistemática de “bebés robados” en España durante el periodo franquista —convertida durante años en un relato ampliamente difundido— ha dado un giro significativo tras la publicación de un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), cuyos resultados han sido recogidos por medios como El País y la Cadena SER, que ahora cuestionan la existencia de dicha red a la que dieron voz durante mucho tiempo.
El estudio, elaborado por cinco especialistas del INTCF y publicado en una revista científica internacional, concluye que no existe evidencia forense que respalde la hipótesis de un robo organizado y generalizado de recién nacidos en hospitales españoles.
Un informe que cuestiona una narrativa histórica
Según los investigadores, los datos disponibles “cuestionan la narrativa generalizada de un robo sistemático” y rechazan lo que califican como una “conjetura convertida en bulo” en torno a los 300.000 supuestos casos de bebés robados en España.
En concreto, los análisis de ADN realizados sobre restos exhumados y muestras hospitalarias han confirmado, en la mayoría de los casos investigados, la muerte de los recién nacidos. De las 120 exhumaciones analizadas, en 117 se encontraron restos humanos, mientras que en los casos restantes existían indicios biológicos compatibles con la descomposición de un cadáver.
Los propios especialistas subrayan que un féretro aparentemente vacío no implica necesariamente una sustracción, sino que puede explicarse por la degradación de los restos con el paso del tiempo.
Tres realidades distintas bajo una misma etiqueta
El informe distingue entre tres fenómenos diferentes que durante años han sido agrupados bajo la misma narrativa: los menores tutelados tras la Guerra Civil, las adopciones de hijos de madres solteras en instituciones como el Patronato de Protección de la Mujer y la supuesta existencia de una red organizada de robo de bebés en hospitales entre 1950 y 1990.
Es precisamente esta última hipótesis —la de una trama sistemática— la que los investigadores descartan a la luz de los datos científicos disponibles.
Un relato que señalaba a la Iglesia
Durante años, esta narrativa no solo habló de un fenómeno generalizado, sino que señaló directamente a instituciones vinculadas a la Iglesia, especialmente a congregaciones religiosas y centros hospitalarios, como parte de una supuesta red de sustracción de menores durante el franquismo.
Casos concretos, como el de la religiosa sor María Gómez Valbuena, fueron ampliamente difundidos y contribuyeron a consolidar en la opinión pública la idea de una implicación estructural de la Iglesia en estos hechos. Al mismo tiempo, asociaciones de afectados y diversas plataformas insistieron en la existencia de una red organizada en la que habrían participado religiosos y personal sanitario.
En ese contexto, la Iglesia mantuvo una posición prudente, limitándose a ofrecer colaboración con la Justicia y con las familias en los casos investigados, sin asumir la existencia de una trama organizada. Esta actitud fue interpretada por algunos sectores como falta de respuesta o silencio ante las acusaciones.
Sin embargo, ni las investigaciones judiciales ni los informes forenses han acreditado la existencia de una estructura sistemática de sustracción de menores vinculada a instituciones eclesiales. Los propios datos disponibles apuntan, más bien, a situaciones complejas de adopciones irregulares en contextos sociales y culturales determinados, que no pueden equipararse a la existencia de una red organizada.
Del relato mediático a su revisión
El cambio de enfoque resulta especialmente significativo porque afecta a medios que durante años contribuyeron a consolidar esa narrativa en la opinión pública. La cifra de 300.000 casos, repetida durante más de una década, terminó por instalarse como una realidad asumida, pese a la ausencia de pruebas concluyentes.
Pedro Fernández Barbadillo, en Ideas, ha analizado este proceso señalando que muchas de estas cifras “se inventaron en reuniones para elaborar un relato”, en referencia al origen de estimaciones que luego fueron difundidas sin respaldo empírico.
Barbadillo subraya además que el fenómeno adquirió dimensión pública a partir de iniciativas jurídicas y mediáticas que generaron un efecto multiplicador: “aquella denuncia colectiva abrió la puerta a una avalancha de casos”, en muchos de los cuales las sospechas surgieron años después, alimentadas por la cobertura mediática.
En este sentido, recuerda también las advertencias tempranas de las fiscalías, que ya en 2013 alertaban de un “efecto llamada” y de denuncias presentadas “por contagio”, en un contexto en el que la hipótesis de una trama organizada no encontraba respaldo en las investigaciones.
A la luz del nuevo informe del INTCF, el contraste entre la narrativa difundida durante años y las conclusiones científicas actuales resulta evidente, abriendo una revisión de un relato que durante largo tiempo se presentó como incuestionable.
Investigaciones sin pruebas de red organizada
Las investigaciones judiciales tampoco han confirmado la existencia de una trama sistemática. La Fiscalía ha analizado más de 2.000 denuncias, de las cuales más de 500 fueron judicializadas, sin que ninguna sentencia haya acreditado el robo organizado de bebés en España.
Casos que alcanzaron gran repercusión mediática fueron posteriormente descartados mediante pruebas de ADN. En otros, como el de Inés Madrigal —presentado durante años como emblemático—, se comprobó finalmente que se trataba de una adopción irregular y no de una sustracción.
Los expertos advierten además del impacto que determinadas narrativas han tenido en familias que, tras la pérdida de un hijo, llegaron a sospechar de un posible robo sin base probada.
Un debate con consecuencias más allá de lo judicial
El nuevo informe introduce así un elemento de revisión en un asunto que ha tenido un notable peso en el debate político, mediático y legislativo en España.
El caso pone de relieve hasta qué punto determinados hechos, aún no verificados, pueden ser amplificados y reinterpretados hasta convertirse en verdades asumidas cuando encajan en marcos ideológicos previos. La reiteración mediática, unida a cifras sin base empírica, terminó por configurar una narrativa que, durante años, sirvió también para señalar de forma insistente a instituciones vinculadas a la Iglesia.
La revisión que comienza a abrirse invita, por tanto, a una reflexión más amplia sobre el uso de estos relatos en el debate público y sobre la responsabilidad de quienes los difundieron. Cuando la interpretación precede a los hechos, el riesgo no es solo el error, sino la consolidación de acusaciones que, con el tiempo, resultan difíciles de sostener a la luz de los datos.