El escándalo de abusos sexuales en Bolivia vinculados a jesuitas catalanes ha dado un paso más en el ámbito institucional. El Parlamento de Cataluña ha admitido a trámite la solicitud presentada por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes para investigar el traslado de sacerdotes acusados de pederastia entre España y el país hispanoamericano.
La petición, según informó Urgente.bo, plantea la creación de una comisión de investigación que analice la responsabilidad de la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús, su relación con autoridades eclesiásticas y civiles, así como las posibles medidas de reparación a las víctimas.
Una “política organizada” bajo investigación
En este contexto, el informe presentado por los supervivientes sostiene que no se trata de hechos aislados, sino de una “política organizada” de encubrimiento mediante el traslado de religiosos señalados desde Cataluña hacia Bolivia, donde continuaban ejerciendo su ministerio.
De hecho, la solicitud incluye la posibilidad de investigar estos hechos como delitos de lesa humanidad, dada la magnitud, duración y carácter sistemático de los abusos denunciados. El expediente será ahora revisado por la Comisión de Peticiones del Parlamento catalán, que deberá decidir si impulsa formalmente la creación de una comisión específica.
Traslados y reincidencia: los casos documentados
A partir de esta base, las denuncias se apoyan en casos concretos que refuerzan la existencia de este patrón. Sacerdotes acusados en centros educativos de Cataluña fueron enviados a Bolivia, donde en algunos casos continuaron cometiendo abusos.
Entre ellos destaca el caso de Francesc Peris, denunciado durante años en Barcelona y trasladado posteriormente a Cochabamba, donde volvió a cometer abusos contra menores. Situaciones similares se documentan en otros religiosos que, tras condenas o acusaciones en España, fueron destinados a comunidades vulnerables en Bolivia .
Además, la documentación incluye correspondencia interna que apuntaría a que estos traslados se realizaron con conocimiento dentro de la orden, incluso cuando existían indicios de conductas abusivas.
De la denuncia a la investigación política
Así, lo que hasta ahora había permanecido en el ámbito de la denuncia pública y mediática comienza a trasladarse al terreno institucional. El paso dado por el Parlamento catalán supone, por primera vez, la entrada formal del caso en la agenda política en Cataluña.
El objetivo de la investigación no se limita a esclarecer hechos concretos, sino también a determinar posibles responsabilidades en la gestión de los casos, tanto dentro de la Compañía de Jesús como en su relación con las autoridades.
La admisión a trámite de la petición marca, por tanto, un punto de inflexión en el recorrido del caso, abriendo la posibilidad de una investigación institucional que determine si existió, como sostienen los denunciantes, un mecanismo sostenido de traslados y encubrimiento.