En la presentación pública del nuevo protocolo para indemnizar a víctimas de abusos, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, intervino extensamente sin que en ningún momento aparecieran los términos esenciales que esperan las víctimas de abusos. En más de una hora de intervención no se habló ni una sola vez de investigación, ni de pruebas, ni de testigos, ni de verdad en su acepción de esclarecimiento de los hechos. No es un detalle menor. Cuando un sistema evita el lenguaje propio de la actividad probatoria, lo que está haciendo es desplazar su eje: de investigar a gestionar, de esclarecer a indemnizar. Y ese desplazamiento no es inocuo.
La firma del protocolo entre la Conferencia Episcopal y el Estado, que atribuye al Defensor del Pueblo la gestión y cuantificación de indemnizaciones a víctimas de abusos en casos prescritos, no puede analizarse únicamente como una medida de reparación económica. Introduce, en realidad, una alteración de fondo en el equilibrio entre justicia, verdad y responsabilidad dentro de la respuesta institucional de la Iglesia.
Desde una perspectiva jurídica, la medida presenta una dualidad evidente. Por un lado, abre una vía de reconocimiento para víctimas que durante años han permanecido en procedimientos opacos, sin información efectiva, sin acceso a sus propios expedientes y, en demasiadas ocasiones, sin una mínima asistencia letrada. Esta es la experiencia frustrante que vivimos quienes venimos interviniendo en procedimientos canónicos intentando asistir a víctimas de abusos.
Pero precisamente por eso, el nuevo marco plantea una cuestión más profunda: ¿qué lugar ocupa ahora el Derecho Canónico y, en particular, instrumentos como Vos Estis Lux Mundi? Este texto legal promulgado por el Papa Francisco fue la articulación de un sistema normativo concreto que obligaba a investigar, a depurar responsabilidades y a garantizar canales accesibles y verificables para la denuncia de abusos en la Iglesia. Junto a él, todo el desarrollo posterior de normas canónicas había configurado —al menos sobre el papel— un entramado procesal orientado a ayudar a esclarecer la verdad material de los hechos.
La duda es si ese marco queda ahora desplazado o, en la práctica, neutralizado. Si la respuesta institucional se canaliza prioritariamente a través de un mecanismo administrativo de cuantificación económica, existe el riesgo de que la investigación canónica pierda centralidad o incluso se vacíe de contenido real.
Para una víctima de abuso sexual en la infancia, la reparación económica no es el elemento principal. El daño sufrido no es equiparable a otros perjuicios indemnizables. Es una quiebra estructural de la persona, que afecta a su identidad, a su relación con la autoridad y a su desarrollo vital. Pretender que ese daño se compensa prioritariamente con una cantidad económica implica no comprender la naturaleza del trauma. Tampoco le aporta absolutamente nada a la víctima una charla con su obispo en la que le muestre su apoyo con cara de compungido.
Lo que la víctima busca —y necesita— es verdad. Verdad acreditada, investigada, reconstruida con rigor. Necesita saber que lo ocurrido no queda en el ámbito de lo opinable o de lo dudoso, sino que ha sido objeto de un análisis serio, con práctica de prueba, con identificación de contextos, de testigos, de patrones de conducta. La Iglesia, precisamente por su estructura, dispone de medios que ningún otro actor tiene: archivos, agendas, destinos, comunidades, gestión de lugares, relaciones personales. Tiene capacidad real de reconstruir lo sucedido con una profundidad que excede la de muchos procesos civiles o penales prescritos.
Y esta dimensión adquiere una relevancia aún mayor por la propia naturaleza del agresor. El sacerdote no es un sujeto cualquiera. Suele ser un líder moral, una figura de referencia, alguien que ha construido en torno a sí una comunidad que le reconoce, le protege y, en muchos casos, se resiste a aceptar cualquier acusación. Ese contexto genera una asimetría radical: la víctima no solo carga con el trauma, sino también con la sospecha, con el cuestionamiento y, en ocasiones, con el rechazo de quienes rodean al agresor.
Si no existe una investigación exhaustiva, con todos los medios disponibles, el riesgo es evidente. La víctima puede quedar expuesta a una segunda victimización: ser percibida como alguien que acude a un mecanismo indemnizatorio sin que exista una verdad formalmente establecida. En ese escenario, el relato se distorsiona y se desliza hacia una interpretación perversa: la de quien busca una compensación económica sin haber acreditado los hechos. Esa sospecha, aunque injusta, encuentra terreno fértil cuando la investigación se debilita o desaparece.
Por eso, el desplazamiento hacia un modelo centrado en la indemnización y una palmadita en la sacristía exige extrema cautela. No basta con reconocer económicamente a las víctimas si al mismo tiempo se diluye el deber de investigar. No basta con cuantificar el daño si no se establece con claridad qué ocurrió, quién fue responsable, qué medidas se adoptaron y si las mismas fueron suficientes. Sin ese proceso, la reparación queda incompleta y, en ciertos casos, puede incluso agravar el daño.
El verdadero riesgo del nuevo protocolo no es su existencia, sino su posible uso como mecanismo de cierre. Si se convierte en una vía para evitar la investigación profunda que exige el Derecho Canónico —y que normas como Vos Estis Lux Mundi habían intentado garantizar—, estaremos ante una solución aparente que sacrifica la verdad en favor de la gestión administrativa del conflicto.
La prioridad no puede invertirse. Primero, la verdad. Después, la justicia en sentido amplio. Y solo como consecuencia de ambas, la reparación económica. Alterar ese orden no resuelve el daño moral, lo puede perpetuar e incluso agravar.
*Javier Tebas Llanas, es abogado de víctimas de abusos en España e Hispanoamérica