La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha firmado este 30 de marzo, junto al Ministerio de Presidencia y el Defensor del Pueblo, el protocolo que desarrolla el acuerdo alcanzado en enero para articular un sistema de reconocimiento y reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. El mecanismo, que entrará en vigor el próximo 15 de abril, está dirigido a aquellos casos que no han podido ser juzgados por prescripción del delito o fallecimiento del agresor.
Un sistema mixto con intervención estatal
El protocolo —disponible en el enlace de la CEE— establece un sistema mixto que integra el plan propio de la Iglesia —el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA), aprobado en 2024— con la participación de instituciones públicas. En este nuevo esquema, el Defensor del Pueblo asume un papel central al encargarse de la evaluación de los casos a través de una unidad independiente de expertos.
Las solicitudes serán recibidas por una unidad dependiente del Ministerio de Presidencia, tras lo cual el Defensor elaborará una propuesta de reconocimiento y reparación. Esta será revisada por la comisión asesora del PRIVA y, en caso de desacuerdo, se elevará a una comisión mixta con presencia de representantes del Estado, la Iglesia y las víctimas. Si no se alcanza consenso, la decisión final corresponderá al Defensor del Pueblo.
Reparaciones sin baremos y con carácter voluntario
El sistema contempla medidas de reparación simbólica, acompañamiento a las víctimas y compensaciones económicas por el daño sufrido. Sin embargo, el protocolo no establece baremos ni cuantías fijas, ya que las indemnizaciones se determinarán de forma individualizada en función de cada caso.
El propio documento firmado subraya que este mecanismo no tiene carácter jurídico vinculante: las decisiones adoptadas no constituyen actos administrativos ni pueden ser recurridas, y el sistema se fundamenta en el acuerdo voluntario entre las partes. Asimismo, el Estado no asume la responsabilidad directa de las reparaciones, que corresponderán a las entidades eclesiales.
Un sistema temporal y limitado a casos prescritos
La nueva vía de reparación tendrá una duración inicial de un año, prorrogable por otro más, y se aplicará exclusivamente a víctimas cuyos casos no puedan ser llevados a la vía penal. Además, el protocolo establece que esta vía es incompatible con el PRIVA, por lo que las víctimas deberán optar por uno u otro procedimiento.
Argüello defiende el carácter complementario del acuerdo
Durante la firma del protocolo, el presidente de la CEE, Luis Argüello, ha enmarcado este paso dentro del proceso iniciado por la Iglesia en los últimos años y ha insistido en que el nuevo sistema no sustituye al PRIVA, sino que lo complementa. En este sentido, ha señalado que el acuerdo responde también a la falta de confianza de algunas víctimas en los canales eclesiales: “Este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis o congregaciones religiosas”.
Argüello ha subrayado que el objetivo no es fijar cantidades económicas, sino avanzar hacia una reparación integral de cada caso: “No se trata de establecer ni cantidades, ni horquillas, sino una propuesta de reparación integral”. Asimismo, ha defendido la importancia del acompañamiento y la atención personalizada, destacando que el daño causado en estos casos no puede reducirse únicamente a una compensación económica.