El Parlamento canadiense ha aprobado una nueva legislación contra el “discurso de odio” que ha generado una fuerte preocupación entre líderes cristianos y defensores de la libertad religiosa, ante el riesgo de que pueda utilizarse para limitar la expresión de creencias basadas en la enseñanza bíblica.
El pasado 25 de marzo, la Cámara de los Comunes dio luz verde al proyecto de ley C-9 —denominado oficialmente Combatting Hate Act— por 186 votos a favor y 137 en contra, tras un proceso legislativo acelerado que redujo el tiempo de debate
Una reforma penal con amplio alcance
La iniciativa, presentada por el gobierno canadiense en septiembre de 2025, busca reforzar la respuesta penal frente a los delitos de odio. Entre otras medidas, introduce nuevas infracciones en el Código Penal y amplía las herramientas legales para sancionar conductas como la intimidación o el bloqueo del acceso a lugares de culto, escuelas o centros comunitarios.
El texto también tipifica de forma más específica la promoción deliberada del odio contra grupos identificables, incluyendo la exhibición pública de símbolos considerados terroristas o de odio. Además, elimina la necesidad de obtener el consentimiento previo del fiscal general para iniciar procesos por propaganda de odio, con el objetivo de agilizar las acciones judiciales.
Según el gobierno canadiense, la ley responde al aumento de fenómenos como el antisemitismo, la islamofobia, la homofobia y la transfobia.
El punto crítico: la eliminación de la exención religiosa
Sin embargo, el aspecto que ha suscitado mayor controversia es la supresión de la exención religiosa actualmente prevista en la legislación canadiense. Hasta ahora, el Código Penal contemplaba que no constituía delito el hecho de expresar, de buena fe, opiniones basadas en textos o creencias religiosas.
La nueva redacción elimina esa salvaguarda, lo que, según críticos de la norma, podría abrir la puerta a que determinadas expresiones religiosas sean objeto de denuncia si son interpretadas como discurso de odio.
Este cambio fue clave para lograr el apoyo del Bloque Quebequense, permitiendo al gobierno liberal reunir la mayoría necesaria para aprobar el texto en la Cámara de los Comunes.
Preocupación religiosa
Diversos líderes religiosos y organizaciones provida han expresado reservas similares. Entre ellos, el pastor David Cooke advirtió de que la ley podría generar un clima de mayor hostilidad hacia los creyentes, al facilitar acciones legales contra quienes expresen enseñanzas tradicionales sobre la vida, la familia o la moral.
También los obispos católicos de Canadá han manifestado su preocupación, calificando la medida como una posible vulneración de la libertad religiosa.
Por su parte, el ministro de Justicia, Sean Fraser, defendió el proyecto y aseguró que la ley no impedirá a los líderes religiosos leer o citar sus textos sagrados, subrayando que la reforma incluye garantías para proteger la libertad de expresión en contextos no delictivos.
Una definición más amplia y un margen de interpretación
Otro de los elementos relevantes del texto es la introducción de una definición legal de “odio”, destinada a clarificar cuándo una conducta puede constituir delito. Sin embargo, algunos críticos consideran que esta definición podría ser interpretada de manera amplia, especialmente en cuestiones sensibles donde confluyen convicciones religiosas y debates sociales contemporáneos.
Aunque la ley establece que no se verán afectadas las manifestaciones pacíficas ni la comunicación de información, la eliminación de la exención religiosa plantea dudas sobre el alcance real de estas garantías en la práctica.
El Senado, última etapa del proceso
El proyecto de ley deberá ahora ser examinado por el Senado, donde aún podrían introducirse modificaciones antes de su aprobación definitiva. No obstante, la composición de la Cámara alta —con numerosos miembros designados durante el mandato del primer ministro Justin Trudeau— hace prever un escenario complejo para quienes buscan frenar o matizar la reforma.
El desenlace en este último órgano será determinante para evaluar hasta qué punto esta reforma redefine los límites de la libertad de expresión y de religión en Canadá.