El Gobierno de España ha iniciado el procedimiento para revocar la declaración de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Sagunto (Valencia) tras la decisión de una de sus principales cofradías de mantener sus estatutos tradicionales que mantiene la participación solamente de varones. La medida, anunciada en una nota conjunta del Ministerio de Turismo y el de Igualdad, abre un nuevo frente entre las políticas ideológicas gubernamentales y las tradiciones religiosas que se conservan desde el siglo XV.
Presión institucional tras una votación interna
La decisión del Ejecutivo llega después de que la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo rechazara, por 267 votos frente a 114, modificar sus estatutos para permitir la entrada de mujeres en su órgano rector. La propuesta buscaba sustituir el término “varones” por “personas”, alterando una tradición que se remonta a siglos atrás.
A raíz de esta votación, la Secretaría de Estado de Turismo ha decidido incoar un expediente para retirar el reconocimiento concedido en 2004, alegando que la exclusión de mujeres podría vulnerar el requisito de “participación ciudadana” exigido por la normativa vigente.
Igualdad impuesta frente a autonomía de las cofradías
El Ejecutivo justifica su actuación en la Ley de Igualdad de 2007 y en la normativa que regula las fiestas de interés turístico, defendiendo que no puede ampararse ninguna práctica considerada discriminatoria. Desde el Instituto de las Mujeres se sostiene que impedir la participación femenina “no responde a una tradición”, sino que constituye una conducta contraria a los derechos fundamentales.
Sin embargo, la medida plantea interrogantes sobre los límites de la intervención del Estado en entidades religiosas que, como reconoce el propio Gobierno valenciano, son de carácter privado y cuentan con sus propias normas y arraigos históricos.
Un precedente que apunta a otras cofradías
No se trata de un caso aislado. El Instituto de las Mujeres ya ha actuado recientemente contra otras hermandades en Murcia y Castilla-La Mancha por situaciones similares. Además, el Tribunal Constitucional avaló el pasado año el recurso de una mujer excluida de una cofradía en Tenerife, marcando una línea jurisprudencial que refuerza este tipo de actuaciones.
Todo ello dibuja un escenario en el que las tradiciones religiosas quedan sometidas a una creciente presión legal y política para adaptarse a los «criterios de igualdad» promovidos por el Gobierno.
Silencio eclesial y presión política
El arzobispado de Valencia ha optado por no pronunciarse sobre el conflicto y en el ámbito político, tanto el Gobierno central como autoridades autonómicas han insistido en la necesidad de avanzar hacia la “inclusión”, incluso en el ámbito de tradiciones religiosas. El presidente de la Generalitat Valenciana ha apelado al diálogo, aunque ha dejado claro que la dirección debe ser la de la igualdad.
Tradición bajo la presión ideológica
La posible retirada del reconocimiento turístico no solo tendría consecuencias simbólicas, sino también económicas y sociales para la ciudad, lo que incrementa la presión sobre la cofradía.
La amenaza de retirar un reconocimiento público no es un gesto neutral, sino una forma de condicionar desde fuera la vida interna de una asociación. Lo que está en juego no es solo una procesión concreta, sino el margen real de libertad de las asociaciones religiosas para conservar sus estatutos, su historia y su sentido propio sin someterse a una reinterpretación impuesta desde la política.