La archidiócesis de Detroit implantará un sistema obligatorio de registro mediante huella dactilar para sacerdotes, empleados y voluntarios, como parte de un conjunto de medidas destinadas a reforzar los protocolos de protección tras una revisión histórica de casos de abusos.
La decisión ha sido anunciada por el arzobispo Edward J. Weisenburger en una carta pastoral en la que detalla nuevas iniciativas orientadas a mejorar la prevención, la supervisión y la atención a víctimas.
Revisión histórica de casos durante más de un siglo
El anuncio se produce tras una revisión interna calificada como “sin precedentes”, en la que se analizaron todos los casos conocidos de conducta indebida del clero —incluidos los no relacionados con abusos sexuales— desde la década de 1920.
El equipo encargado examinó cada expediente para identificar posibles casos de abusos a menores o adultos vulnerables, en coordinación con las autoridades civiles y con acceso a archivos previamente retenidos por la Fiscalía General de Michigan.
El arzobispo ha subrayado en su carta que esta revisión busca garantizar que “ninguna acusación sea ignorada” y que todas las víctimas reciban la atención correspondiente.
Implantación del sistema de huellas dactilares
Entre las nuevas medidas destaca la implantación de un sistema de identificación mediante huella dactilar para todo el personal diocesano, incluidos sacerdotes, educadores y voluntarios que trabajen con menores.
Este sistema permitirá reforzar los controles de antecedentes y establecer un mecanismo de seguimiento continuo, al estar conectado con bases de datos estatales y federales que notifican posibles detenciones posteriores.
La archidiócesis señala que este método está considerado como uno de los más fiables en materia de seguridad y ya se aplica en otros ámbitos como el educativo.
Nuevas medidas de prevención y acompañamiento
La carta pastoral también recoge otras iniciativas, entre ellas el aumento de recursos destinados a la atención psicológica y psiquiátrica de las víctimas, así como la reorganización de los procesos de acompañamiento, que pasan a ser gestionados por Catholic Charities.
Asimismo, se pondrá en marcha un programa formativo específico para seminaristas sobre la crisis de abusos y las obligaciones en materia de protección, y se reforzará la supervisión de clérigos apartados del ministerio mediante responsables designados para su seguimiento.
Compromiso con la transparencia y la cooperación
El arzobispo Weisenburger ha reiterado el compromiso de la archidiócesis con la colaboración con las autoridades civiles, señalando que cualquier denuncia de abuso es remitida de forma inmediata a la Fiscalía General.
En su carta, también reconoce el impacto de los abusos en las víctimas y en la comunidad eclesial, y subraya la necesidad de mantener políticas de transparencia, responsabilidad y protección de menores como prioridad permanente.