El proceso por el escándalo del inmueble de Londres ha abierto una nueva grieta en el sistema judicial vaticano: un enfrentamiento directo entre el Promotor de Justicia y la Corte de Apelación que amenaza con agravar aún más las dudas sobre la transparencia del procedimiento.
Un pulso entre el Promotor y la Corte de Apelación
Según informa Il Messaggero, en el Vaticano se perfila un choque sin precedentes entre el órgano acusador y los jueces de apelación que revisan el caso Becciu. El origen del conflicto está en la orden emitida el pasado 17 de marzo, que declaró la nulidad relativa del juicio en primera instancia y exigió rehacer el proceso.
La Corte no solo ordenó repetir el juicio, sino también el depósito íntegro de todos los documentos de la fase instructora antes del 30 de abril. Sin embargo, esta exigencia podría no cumplirse.
El Promotor se reserva impugnar la orden judicial
El elemento que ha encendido la tensión es la decisión del Promotor de Justicia de “reservarse la impugnación” de la orden de la Corte. En la práctica, esto abre la puerta a un escenario de bloqueo: el Promotor podría no presentar toda la documentación requerida, o limitarse a entregar solo una parte, como ya ocurrió durante la primera fase del proceso.
Este precedente resulta especialmente significativo. En aquel momento, el entonces Promotor, Alessandro Diddi, se negó a entregar la totalidad de las conversaciones relevantes, amparándose en el secreto instructorio, incluso cuando el propio tribunal lo solicitó.
Chats ocultos, en el centro de la controversia
El núcleo del conflicto gira en torno a una serie de mensajes parcialmente ocultos —cubiertos con “omissis”— que, según las defensas, podrían demostrar la existencia de maniobras irregulares contra el cardenal Angelo Becciu.
Los jueces de apelación han reconocido expresamente que el material probatorio nunca fue entregado en su totalidad, sino solo de forma parcial y con partes censuradas. Estas conversaciones incluirían intercambios delicados entre la consultora Immacolata Chaouqui y Genoveffa Ciferri, vinculada al principal testigo de cargo, monseñor Alberto Perlasca.
Algunos fragmentos ya conocidos han alimentado las sospechas. En uno de ellos se lee: “Si se descubre que estábamos todos de acuerdo, es el fin”, una afirmación que ha incrementado las dudas sobre la limpieza del proceso.
Dudas sobre el respeto al debido proceso
La Corte de Apelación ha sido contundente: en el juicio de primera instancia se produjo una “nulidad relativa nunca subsanada” que afectó a un acto fundamental del proceso. Entre los puntos más delicados, figura también la existencia de un rescripto pontificio que otorgaba amplios poderes al Promotor y que no fue comunicado a las defensas, limitando su capacidad de defensa.
Este aspecto ha sido uno de los más criticados por juristas y canonistas, que han llegado a cuestionar si en el Vaticano se respetaron las garantías básicas de un juicio justo.
Un revés a las defensas institucionales
La decisión de la Corte también contradice las tesis defendidas por los abogados de la Secretaría de Estado y del APSA, entre ellos los exministros italianos Giovanni Maria Flick y Paola Severino. Ambos habían sostenido que el proceso se desarrolló con total regularidad y que no existieron vulneraciones de derechos.
Sin embargo, los jueces han optado por dar la razón a las defensas de los acusados, marcando un giro relevante en la interpretación del caso.
Incertidumbre ante los próximos pasos
Con el calendario fijado —primeras audiencias previstas para el 22 de junio— todas las miradas están ahora puestas en la próxima decisión del tribunal presidido por el arzobispo Arellano Cedillo.
Si el Promotor decide no cumplir plenamente la orden de depósito de documentos, el enfrentamiento institucional podría escalar, profundizando la crisis de credibilidad que rodea a este proceso desde sus inicios.