Mientras en España se conoce el caso de un numerario del Opus Dei apartado de inmediato y sometido a investigación tras la denuncia de posibles abusos, conviene detenerse no tanto en el caso concreto como en la reacción institucional. No porque garantice la verdad —que aún está por determinar—, sino porque revela un modo de proceder.
Apartar cautelarmente, abrir investigación, evitar juicios paralelos y no interferir en el proceso: es lo mínimo exigible. Y, sin embargo, no es lo habitual.
Durante demasiado tiempo, en no pocos lugares, la respuesta eclesial ante denuncias verosímiles de abusos no ha sido la activación inmediata de los mecanismos canónicos, sino la dilación, la derivación improcedente a instancias civiles ineficaces o directamente prescritas, la ausencia de documentación formal de los testimonios y, en los casos más graves, el mantenimiento del acusado en el ejercicio del ministerio. No como excepción, sino como patrón.
El problema no es que existan abusos —eso, por desgracia, ocurre en cualquier estructura humana—, sino qué hace la Iglesia cuando aparecen. Ahí se mide todo.
Frente a ese modelo, el procedimiento aplicado en este caso —con todas las cautelas— apunta en la dirección correcta: intervención temprana, medidas preventivas y apertura de investigación. No es una garantía de justicia, pero sí la condición mínima para que la haya.
Lo verdaderamente anómalo no es que se actúe así. Lo escandaloso es que siga pareciendo excepcional.