La designación del abogado José Ugaz como defensa del sacerdote y la demora de 85 días en separar al acusado de sus funciones ponen al primado del Perú bajo la lupa de la justicia.
Una jueza del 21.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima rechazó el pedido que hizo la fiscalía de 9 meses de prisión preventiva contra el sacerdote Marco Agüero por el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos.
En la audiencia sorprendió la presencia del reconocido abogado José Ugaz, quien, en representación del Arzobispado de Lima, defendió al sacerdote amigo del cardenal Carlos Castillo.
Resulta llamativo que el doctor Ugaz, tras haber representado a seis víctimas en el caso del Sodalicio de Vida Cristiana, se encuentre hoy en la acera opuesta. Si bien su labor previa fue loable, su decisión actual de defender al agresor genera una contradicción inevitable: ¿en qué quedamos? Cabe preguntarse si la indemnización que recibiría del arzobispado de Castillo es, simplemente, más cercana a sus expectativas económicas que la del Sodalicio.
Pero en este caso ¿qué es lo que se busca? ¿Es la destreza de Ugaz o su habilidad para blindar la reputación de Castillo? La insistencia en este fichaje sugiere que el arzobispo de Lima tiene motivos para inquietarse por lo que Agüero pueda decir o por el contenido de las conversaciones en el celular incautado (¿qué diálogos habrá?). Por supuesto, el silencio y la estrategia tienen un precio: conociendo la trayectoria de Ugaz, el costo para las arcas del Arzobispado será, sin duda, monumental.
Lo cierto es que la denuncia de cinco mujeres contra este sacerdote ha puesto en descubierto la poca empatía de la Iglesia de Lima con las víctimas y el sistema autoritario que se ha instalado en la arquidiócesis de Santo Toribio de Mogrovejo: “Para mis amigos, misericordia y silencio; para los demás, el rigor de la ley”.
Además de que la respuesta del Arzobispado de Lima, el viernes 6 de marzo, a través de un comunicado, no solo fue tardía sino contradictoria, llena de falacias que solo buscan justificar lo injustificable.
Lo que es peor: que, en el marco del «mes de la mujer», el arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, no haya dicho absolutamente nada del tema, ni siquiera en su programa radial que tiene los sábados. Ha preferido el silencio y la complicidad del periodista Fernando Carvallo, de RPP (Radio Programas del Perú), para no decir nada. En otras ocasiones hasta lengua le habría faltado… es que ahora es su amigo el perjudicado… ¿Acaso las mujeres que denunciaron al sacerdote no merecían una respuesta de su pastor?
Por lo pronto, el Ministerio Público, la entidad del Estado peruano encargada de investigar los delitos, ha apelado la decisión de la jueza y espera que, dentro de los plazos, la justicia reconsidere el pedido. Mientras tanto, Agüero quedará libre, no se podrá acercar a las denunciantes y deberá presentarse cada 30 días en el juzgado.
¿Pero quién es Marco Agüero?
El sacerdote Marco Agüero es catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) desde 1987. Tiene una maestría en Sagrada Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Se formó en el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo y fue enviado a la PUCP a enseñar teología por el entonces cardenal Augusto Vargas Alzamora. Allí conoció a Carlos Castillo, donde forjaron una amistad que ha durado décadas.
Tras un periplo por diversas diócesis, primero por Chosica y luego por Lurín, regresó a Lima por pedido expreso del cardenal Castillo, presuntamente con la mira puesta en un obispado auxiliar.
Los hechos hablan por sí solos
Los hechos que ponen a Agüero en el ojo público incluyen una denuncia grave: cinco mujeres, entre ellas tres menores de edad, acusan al sacerdote diocesano de tocamientos indebidos en el sacramento de la confesión, considerada una falta gravísima en la Iglesia católica. Pero lo que es peor es que este aprovechamiento se habría iniciado en un retiro espiritual.
Según la denuncia, todo sucedió en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, en el distrito de San Borja, una comunidad viva y llena de fe que, con el esfuerzo de todos los fieles, tiene un espacio importante en la arquidiócesis de Lima.
El amigo del cardenal primado, Marco Agüero, era conocido por su carácter extraño y por problemas en otras diócesis. A pesar de ello, Carlos Castillo lo incardinó en Lima con todos los derechos y deberes, y luego lo mandó a trabajar en parroquias.
No pasó mucho tiempo para que aparecieran los primeros problemas, primero con la parroquia San Ricardo, en La Victoria, un distrito popular y con bastantes necesidades. Allí, Marco Agüero expulsó a unas religiosas que por décadas apoyaban a niños y pobres de la comunidad, quizá porque vivían demasiado cerca y veían cómo se alcoholizaba con el ahora sacerdote recién ordenado Yadir Candela.
La gente no aguantó más y no tardó en levantarse y reclamar al arzobispo su cambio. A Castillo no le quedó otra que sacarlo de La Victoria y, a pesar de los antecedentes, lo envió a San Borja.
El comunicado de Pilatos
Si bien el escándalo alcanzó su punto de ebullición el pasado martes 3 de marzo —cuando los padres de las menores, agotados por la indiferencia, decidieron encarar al sacerdote en su propia parroquia—, el Arzobispado de Lima se tomó su tiempo. Fieles a esa parsimonia que confunden con prudencia, reaccionaron dos días después del escándalo con un comunicado tan contradictorio que parece diseñado para generar más sombras que luces.
Lo primero que salta a la vista es que reconocen su propia inacción al confirmar la recepción de denuncias por tocamientos no consentidos en el sagrado ámbito de la confesión contra el sacerdote Marco Agüero el 11 de diciembre a las 13:55 horas.
Sin embargo, en un juego de palabras dicen que faltaron los anexos y omiten convenientemente el nombre del funcionario que recibió la documentación, asegurando que la información pasó a la “Comisión de Escucha”, que, al parecer, padece de sordera estacional.
Entre el panettone navideño y las vacaciones de verano, el comunicado afirma que el cardenal Castillo habría impuesto un “remedio penal formal” del cual nadie supo dar razón. Y que el “preocupado” cardenal estableció una comisión de investigación que nunca llamó a los denunciantes y que se quedaron ciegos ante el delito, sordos ante el clamor y, sobre todo, mudos ante la justicia.
Resulta inaudito que, mientras los protocolos actuales exigen la suspensión inmediata de cualquier clérigo bajo sospecha, Marco Agüero continuara en sus funciones como si nada hubiera pasado hasta el 3 de marzo, el día que explotó el escándalo. Es decir, el sacerdote no fue retirado de sus funciones por la Iglesia sinodal de “escucha” que tanto pregona Castillo, sino por la policía.
Tuvieron que pasar casi 85 días de un silencio sepulcral antes de que la curia moviera un dedo, demostrando que para Castillo la “medida cautelar” es un concepto elástico que se estira según la cercanía del implicado.
La doble vara y el olvido de las víctimas
La abogada de las denunciantes, Valeria Cabrera, ha sido lapidaria: ningún representante del Arzobispado se acercó a las víctimas. No hubo voluntad de investigar, solo de gestionar el daño reputacional. Además afirmó que el Arzobispado, si hubiera tenido voluntad de considerar las primeras denuncias, habría cesado al sacerdote de sus funciones en diciembre del año pasado.
Parece que ni el mandato del Papa León en la última visita ad limina —pidiendo una Iglesia unida y volcada hacia sus fieles— logró calar en el arzobispo de Lima. Tampoco parece haber hecho mella el reciente y firme recordatorio del Santo Padre a los obispos del mundo sobre estos casos: “Escuchar a las víctimas es un acto de justicia y verdad. La reparación, en la Iglesia, no puede separarse ni de la misericordia ni del respeto a la ley, pero tampoco reducirse solo a ellos. Requiere una visión eclesial clara, fundada en la verdad…”. Ante este escenario, la pregunta es inevitable: ¿dónde queda esa verdad en la estrategia actual de la Iglesia de Lima?
Aquí no caben las etiquetas ideológicas ni los cuentos de “instrumentalización” que pregonan algunos por ahí. Aquí hablamos de omisiones flagrantes, que dentro del marco canónico tienen un protocolo y que en Lima solo se aplican para aquellos que Castillo considera sus enemigos.
Los preferidos de Castillo
Los hechos, sin embargo, terminan por marcar la pauta. La lista de los “preferidos” de Castillo con expedientes abiertos empieza a parecer una procesión: Marco Agüero se suma hoy a la de Nilton Zárate y al exrector del Seminario Santo Toribio, Luis Sarmiento, quien —en un giro digno de una novela de misterio— hoy “estudia” en Roma tras ser acusado por sus propios seminaristas.
Dicen las malas lenguas que en la Casa del Clero (la famosa “Siberia”) hay más esqueletos en el armario esperando su turno de salir a la luz; habrá que preguntarle a César Mesinas qué otros secretos guarda el frío de esa casa.
Sin embargo, este caso termina por desnudar la doble moral de quienes se han erigido, durante años, como los guardianes morales de los vulnerables. El silencio de los periodistas Paola Ugaz, Pedro Salinas y Rosa María Palacios no es solo extraño; es ensordecedor. Al parecer, la indignación tiene filtros ideológicos y la justicia solo se exige cuando la causa viene con indemnización; pero cuando el señalado es “el amigo del amigo”, la ética se guarda en un cajón y la voz de las víctimas se apaga. Para ellos, la coherencia termina donde empieza la lealtad al grupo… gracias a Dios que el Papa León los conoce muy bien.