Hay obispos que todavía creen que su misión consiste en salvar almas. Y hay otros que, al parecer, entienden su ministerio como una variante eclesiástica del gabinete de comunicación de un ministerio progresista. En esta segunda categoría acaba de inscribirse con letras de escándalo el Arzobispado Castrense de España, al confirmar que negó la celebración de una Misa por el alma de Antonio Tejero en la Catedral Castrense por “riesgo de connotaciones”.
La frase merece ser conservada. No por brillante, sino por infame. Porque en muy pocas palabras resume toda una claudicación. Ya no se trata de discernir si un bautizado puede recibir sufragios por su alma. Ya no se trata de aplicar el derecho de la Iglesia. Ya no se trata de actuar como pastor. Se trata de calcular el posible ruido exterior, de anticipar el juicio de la prensa, de agacharse ante el qué dirán, de someter la liturgia al filtro del miedo. La Misa, que es el sacrificio de Cristo ofrecido también por los difuntos, queda así reducida a un acto sometido a control de daños reputacional. No es una decisión pastoral: es una rendición.
Lo más revelador del comunicado no es solo que confirme la negativa, sino la razón elegida para justificarla. El Arzobispado no sostiene que el difunto estuviera privado de exequias eclesiásticas. No afirma que pesara sobre él censura canónica alguna. No dice que existiera impedimento doctrinal o moral intrínseco para ofrecer una Misa por su eterno descanso. Nada de eso. Reconoce implícitamente que el problema no era religioso. El problema era político. O más exactamente: mediático. El problema era la mirada ajena. La posibilidad de que alguien interpretara la Misa de una forma inconveniente para los guardianes del consenso. Y entonces, para evitar molestias, se sacrifica lo único que a un obispo debería importarle de verdad: el carácter sagrado de la liturgia y los derechos de los fieles.
Aquí está la enfermedad entera de una parte notable de la jerarquía eclesiástica española. No creen ya que la Iglesia deba enseñar al mundo, sino que debe justificarse constantemente ante él. No creen que deban gobernar con criterios sobrenaturales, sino con la cobardía del funcionario que teme salir mal en la fotografía. No creen que la verdad y el culto deban prevalecer, sino que deben ser dosificados, rebajados y sometidos a la sensibilidad dominante. El resultado es una Iglesia domesticada, trémula, servil, más preocupada por evitar titulares que por ejercer la autoridad espiritual que dice haber recibido.
Y todo ello, además, con ese tono untuoso y burocrático con el que hoy se suelen envolver las peores indecencias. Se habla de “alternativas”, de “proponer otras parroquias”, de evitar “connotaciones ajenas al estricto significado religioso”. Qué lenguaje tan limpio para encubrir una suciedad moral tan evidente. Porque lo que se está diciendo, en realidad, es esto: la Iglesia admite celebrar Misas por los difuntos, sí, pero no si el muerto incomoda al régimen sentimental vigente; no si su nombre activa reflejos pavlovianos en periodistas, tertulianos o políticos; no si el obispo teme que le llamen algo feo al día siguiente. La pastoral ha degenerado en relaciones públicas.
Conviene decirlo sin rodeos: un obispo que piensa así ya no razona como obispo. Razona como un gestor acobardado por el ambiente. Ha aceptado la tesis de que lo decisivo no es lo que la Iglesia hace, sino cómo será leído por los enemigos de la Iglesia. Ha interiorizado por completo la censura previa del mundo. Y una vez aceptado ese principio, ya no hay límite. Hoy son las “connotaciones” de una Misa por un militar incómodo. Mañana será la supresión de una conferencia, la cancelación de un sacerdote, la marginación de una comunidad o la prohibición práctica de cualquier gesto católico que no encaje en el estrecho pasillo ideológico permitido. El mecanismo es siempre el mismo: no se niega por lo que algo es, sino por lo que otros podrían decir que significa.
La gravedad del caso aumenta cuando se conoce, además, que hasta ocho iglesias habrían rechazado acoger la Misa y que el templo finalmente dispuesto a celebrarla habría impuesto condiciones tan grotescas como prohibir el himno de España y el de la Guardia Civil y someter el sermón a revisión previa. Eso ya no es solo cobardía: es humillación. Es la Iglesia tratándose a sí misma como si fuera una entidad sospechosa, incapaz de celebrar una liturgia sin tutela política implícita. Es la sustitución del altar por el protocolo, del pastor por el censor, del sacerdote por el comisario preventivo. Y todo ello por un difunto cuya alma, en teoría, debería mover a la oración y no a la ingeniería de imagen.
Se dirá que no se ha negado una Misa, sino solo un lugar. Es una defensa miserable. Porque precisamente el argumento oficial reconoce que el problema no era logístico ni accidental, sino simbólico. No se objetó una cuestión de agenda o de organización. Se vetó la Catedral Castrense por lo que representaba. Y al hacerlo, el Arzobispado dejó claro que considera legítimo restringir la expresión litúrgica de los fieles cuando esta pueda proyectar una imagen inconveniente. Es decir, convirtió una catedral en un espacio de acceso condicionado por criterios políticos no confesados, aunque apenas disimulados. Un templo ya no sería entonces un lugar donde se ofrece el Santo Sacrificio, sino un espacio cuya disponibilidad depende del grado de aceptación ideológica del difunto y de su entorno.
Hay en todo esto una inversión monstruosa del orden cristiano. La Iglesia, que durante siglos rezó por emperadores, reyes, soldados, pecadores notorios y hombres de toda condición, se acobarda ahora ante un funeral porque puede generar comentarios. La institución que enterró a generaciones enteras sin pedir permiso al columnismo de guardia, necesita ahora blindarse frente a “connotaciones”. La esposa de Cristo, reducida a oficina temerosa del relato dominante. Cuesta imaginar una imagen más humillante del colapso interior de una parte del episcopado.
Y luego vendrán los lamentos por la desafección de los fieles, por la pérdida de respeto a la autoridad, por la erosión del vínculo entre pueblo cristiano y jerarquía. Pero ese desprestigio no cae del cielo. Se lo trabajan con disciplina. Cada vez que un obispo da a entender que la salvación de un alma pesa menos que el miedo a la prensa, enseña a los fieles que su pastor no cree del todo en lo que predica. Cada vez que una Misa queda sometida a cálculos de oportunidad, se transmite que la liturgia no es lo más importante. Cada vez que se invoca la prudencia para encubrir la cobardía, se profana un poco más la palabra prudencia.
No estamos ante un simple error de gobierno ni ante una torpeza comunicativa. Estamos ante una radiografía moral. La de una jerarquía que, en demasiados casos, ya no teme a Dios, sino al mundo. Una jerarquía que se atreve a corregir preventivamente a los fieles, pero no a desafiar el clima ideológico dominante. Una jerarquía que conserva las formas, pero ha extraviado el nervio. Y un obispo que niega una Misa en su catedral por “riesgo de connotaciones” no está evitando un escándalo: lo está protagonizando.
Porque el verdadero escándalo no era rezar por el alma de un difunto. El verdadero escándalo es que un arzobispo haya considerado más grave el posible malestar de la opinión publicada que su deber de actuar como pastor católico. Ese es el escándalo. Ese es el síntoma. Y ese es, también, el juicio más severo contra quien ha preferido administrar percepciones antes que custodiar el altar.