La reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma penas de prisión para siete personas por comentarios publicados en Facebook contra los menores extranjeros no acompañados en Melilla ha situado en el centro del debate al Servicio Jesuita de Migrantes. La organización no ha sido un actor secundario en el procedimiento: actuó como acusación popular en el proceso judicial que terminó con condenas de prisión por delito de odio y se ha regocijado de las mismas.
Mientras la entidad ha celebrado públicamente el fallo del alto tribunal, que impone penas de entre ocho meses y un año y diez meses de prisión, han salido a la luz datos sobre la financiación pública que recibe esta organización vinculada a la Compañía de Jesús.
Según datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, recopilados y difundidos en X por Israel Cabrera @absolutexe, el Servicio Jesuita de Migrantes ha recibido un total de 1.365.337,44 euros en subvenciones públicas entre el 26 de mayo de 2022 y el 27 de octubre de 2025.
Más de 1,3 millones de euros en ayudas públicas
Los registros oficiales reflejan múltiples ayudas concedidas por distintas administraciones públicas para programas relacionados con la inmigración, la inclusión social y proyectos de convivencia intercultural.
Entre las subvenciones registradas destacan:
• 500.000 euros concedidos por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para el apoyo y modernización de entidades del tercer sector.
• 50.509,20 euros otorgados por la Secretaría Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana para proyectos sociales financiados con cargo al 0,7% del IRPF.
• 11.783,87 euros concedidos por la Generalitat Valenciana dentro del programa para la igualdad y la inclusión de personas migrantes.
• 7.499,83 euros procedentes de la Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, para proyectos vinculados al diálogo y la diversidad religiosa.
• 6.000 euros otorgados por el Ayuntamiento de Valencia para el proyecto “Valencia Interreligiosa”.
Estas cantidades forman parte del conjunto de subvenciones registradas que superan los 1,36 millones de euros recibidos por el Servicio Jesuita de Migrantes en los últimos años.
El papel del SJM en el proceso judicial
El protagonismo del Servicio Jesuita de Migrantes en el caso de Melilla ha sido relevante desde el inicio del procedimiento. La organización ejerció la acusación popular en el proceso abierto por los comentarios publicados en 2017 en el grupo de Facebook “Opinión Popular de Melilla”.
Inicialmente, el Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla absolvió a los acusados al considerar que las expresiones vertidas quedaban amparadas por la libertad de expresión. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Málaga revocó parcialmente esa decisión tras estimar recursos presentados por la Fiscalía y por la acusación popular ejercida por el propio Servicio Jesuita de Migrantes.
El Tribunal Supremo ha confirmado ahora la condena por delito de odio para siete de los acusados. La sentencia impone penas de prisión de entre ocho meses y un año y diez meses, aunque rebajadas por la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas debido a que el proceso judicial se prolongó durante cerca de nueve años.
Financiación pública y activismo judicial
La coincidencia entre el elevado volumen de subvenciones públicas recibidas por el Servicio Jesuita de Migrantes y su implicación directa en procesos judiciales relacionados con el debate migratorio ha suscitado críticas en distintos ámbitos.
Es muy problemático que entidades ampliamente financiadas con dinero público desempeñen un papel activo en procedimientos penales que terminan con penas de prisión para ciudadanos por comentarios vertidos en redes sociales.
El caso ha vuelto a poner el foco en el papel que determinadas organizaciones del tercer sector están desempeñando en el debate migratorio y en su creciente protagonismo en el ámbito judicial y político. En este contexto, también sigue pendiente una cuestión que lleva meses generando interrogantes. Infovaticana lleva tiempo intentando conocer la composición de la Asamblea de ACCEM, una de las grandes organizaciones que operan en el ámbito de la inmigración y que maneja alrededor de 250 millones de euros anuales en recursos públicos. Hasta ahora, pese a las reiteradas solicitudes de información, no ha sido posible obtener una respuesta clara. Este silencio contribuye a alimentar el malestar de quienes observan con creciente cansancio cómo algunas de estas entidades reparten constantes lecciones morales en el debate público mientras gestionan cantidades millonarias de dinero procedente de las administraciones.