El escándalo que sacude a la arquidiócesis de Lima por las denuncias contra el sacerdote Marco Agüero Vidal sigue agravándose tras conocerse nuevos detalles del caso. Mientras el Arzobispado de Lima publicó un comunicado explicando su actuación, medios peruanos han informado que el sacerdote ya fue detenido por la policía tras una orden de la fiscalía por presuntos abusos sexuales contra varias jóvenes.
El caso ha generado una fuerte polémica también por la explicación ofrecida por la arquidiócesis sobre la actuación del cardenal Carlos Castillo, quien —según el comunicado oficial— no intervino directamente en el proceso en un primer momento porque la denuncia llegó en pleno periodo de cierre administrativo de la Curia por las fiestas navideñas y posteriormente tuvo que viajar a Roma para participar en un consistorio cardenalicio.
Denuncias por tocamientos durante la confesión
El sacerdote Marco Agüero Vidal fue denunciado por cinco jóvenes, entre ellas tres menores de edad, por presuntos tocamientos indebidos durante el sacramento de la confesión.
Los hechos habrían ocurrido en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, situada en las torres de Limatambo, en el distrito limeño de San Borja.
La abogada de las denunciantes, Valeria Cabrera Merino, confirmó a Perú 21 que el sacerdote fue detenido la noche del jueves 5 de marzo y trasladado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Borja.
La fiscalía especializada en Violencia contra la Mujer solicitó una detención preliminar de siete días para evitar riesgo de fuga y garantizar las diligencias de investigación por presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos o actos libidinosos.
Primer arresto y nueva detención
De acuerdo con los hechos ya conocidos, el martes 3 de marzo los padres de algunos de los menores denunciantes acudieron a la parroquia para exigir explicaciones al sacerdote. Ese mismo día el clérigo fue conducido por la policía para investigaciones preliminares, aunque fue liberado pocas horas después.
Posteriormente la fiscalía solicitó la detención preliminar por siete días, que finalmente se ejecutó el 5 de marzo.
Las cinco denunciantes deberán pasar por cámara Gesell y evaluaciones psicológicas, mientras que la fiscalía ha solicitado además una prueba anticipada ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria para asegurar los testimonios antes de un eventual juicio.
El comunicado del Arzobispado
El 6 de marzo, el Arzobispado de Lima publicó un comunicado explicando su actuación en el caso. Un día antes, Infovaticana había publicado en exclusiva la carta enviada en diciembre a la curia limeña, en la que varios fieles denunciaban comportamientos problemáticos del sacerdote e incluían acusaciones de “tocamientos no consentidos” durante la confesión. En su respuesta, la archidiócesis dice:
«En el cuerpo de la carta se hacía referencia a diversos comportamientos problemáticos y, entre ellos, una acusación por “tocamientos no consentidos” en el contexto de la confesión contra tres personas, de las cuales, solo una era menor de edad«
Según el comunicado del arzobispado, la denuncia llegó a la Curia el 11 de diciembre de 2025 y fue trasladada a la Comisión de Escucha de la arquidiócesis para su valoración conforme a los protocolos establecidos para casos de abusos, pero no fue remitida a los otros tres destinatarios (archidiócesis, cancillería y nunciatura).
El texto señala además que el 26 de diciembre el cardenal Castillo decidió imponer al sacerdote un remedio penal con carácter formal, una medida disciplinaria preliminar prevista por el derecho canónico.
La archidiócesis añade que, antes de viajar a Roma el 4 de enero de 2026 para participar en el consistorio extraordinario de cardenales, el arzobispo dispuso que un delegado iniciara la investigación previa prevista por los cánones 1717 y 1718 del Código de Derecho Canónico.
La abogada de las víctimas cuestiona la versión del arzobispado
La abogada de las denunciantes ha cuestionado duramente el contenido del comunicado.
En declaraciones a Perú21, Valeria Cabrera Merino aseguró que: “La información que el Arzobispado ha colocado es inexacta. El acto que rebate completamente su comunicado es que el padre recién salió de la parroquia a raíz de este escándalo, cuando ellos tenían conocimiento desde el año pasado”, afirmó la letrada.
Estas declaraciones contradicen la versión ofrecida por el arzobispado, que sostiene que los anexos con los testimonios no habrían sido enviados a todos los destinatarios de la denuncia inicial.
Dudas sobre las medidas adoptadas
El comunicado menciona el cierre administrativo de la Curia por las fiestas navideñas y el posterior viaje del cardenal Castillo a Roma para participar en el consistorio. Sin embargo, tratándose de acusaciones graves que incluían denuncias contra menores, estas justificaciones sencillamente no son suficiente.
Mientras las investigaciones civiles continúan y el proceso canónico sigue su curso, el caso vuelve a poner bajo escrutinio la gestión de denuncias de abusos en la arquidiócesis de Lima, así como el recurrente silencio administrativo eclesial que tantas veces denuncian las víctimas.
Las excusas evasivas y la falta de claridad solo remiten al viejo principio jurídico: excusatio non petita, accusatio manifesta (excusa no pedida, culpa manifiesta).