La decisión del arzobispo castrense de España, Juan Antonio Aznárez Cobo, de negar las exequias por el alma de Antonio Tejero Molina en la Catedral de las Fuerzas Armadas no es simplemente discutible. Es escandalosa. Y lo es aún más cuando se observa el contraste con lo ocurrido apenas unos meses antes en ese mismo templo.
En agosto de 2025 se celebró en la Catedral Castrense de Madrid una misa funeral por el teniente coronel José María Sánchez Silva, presentado públicamente durante años como el primer militar español de alta graduación que declaró su homosexualidad. Su figura fue convertida en símbolo del activismo LGTBI dentro del Ejército, y su muerte fue acompañada de numerosos homenajes mediáticos y políticos.
La ceremonia religiosa en la catedral castrense no fue una simple misa discreta por un difunto. Se convirtió en un acto cargado de significado ideológico, en el que intervinieron personas vinculadas al activismo LGTBI y donde la propia figura del fallecido fue reivindicada como referente de ese movimiento dentro de las Fuerzas Armadas. Nadie en la jerarquía castrense consideró entonces que aquello pudiera causar escándalo público, ni que fuera inconveniente celebrar las exequias en el principal templo de la jurisdicción militar.
Sin embargo, cuando la familia de Antonio Tejero Molina —católicos practicantes hasta el punto de que su hijo es sacerdote y vinculados durante décadas al mundo militar— solicitó celebrar las exequias por su padre en esa misma catedral, el arzobispo castrense decidió negarlas. Portazo. No hay misericordia para todos, todos, todos. Parece ser que algunos católicos estamos fuera.
La familia ha hecho público un comunicado en el que denuncia que no se les ha ofrecido ninguna razón eclesial para justificar la decisión. Ninguna explicación canónica. Ningún argumento pastoral. Sólo una negativa.
La comparación es inevitable. Para un militar convertido en símbolo del activismo LGTBI dentro del Ejército sí hubo misa en la Catedral Castrense. Para Antonio Tejero, no. Para un caso, apertura total del templo. Para el otro, la puerta cerrada. Para unos, acogida pública. Para otros, exclusión absoluta.
Cuando un obispo decide negar un funeral en un caso así, introduce de hecho un criterio político dentro de la vida litúrgica de la Iglesia. Porque entonces la pregunta es inevitable: ¿qué tipo de vidas merecen la oración pública de la Iglesia y cuáles no? ¿Quién establece ese filtro? ¿El Evangelio o el clima woke ideológico del momento?
Lo ocurrido transmite un mensaje devastador para muchos fieles. Si el difunto encaja con la sensibilidad dominante, las puertas de la catedral se abren. Si el difunto es incómodo para el relato político actual, la Iglesia se retira y deja sola a la familia.
El problema no es Antonio Tejero. El problema es el precedente que se crea cuando un obispo permite que el miedo al juicio del mundo determine decisiones pastorales tan graves. Porque si la Iglesia empieza a decidir a quién se le puede rezar en función de su reputación pública, entonces la misericordia deja de ser universal y se convierte en selectiva.
Eso no es el Evangelio. Eso es simple cálculo humano.
La reacción de muchos fieles ante esta decisión no puede ser de indiferencia. No se trata de defender una biografía concreta, sino de defender un principio elemental de la fe católica: la Iglesia reza por todos sus hijos, especialmente cuando mueren.
Negar ese consuelo espiritual a una familia que lo solicita, sin razones canónicas claras y después de haber permitido ceremonias cargadas de significado ideológico en el mismo templo, no sólo es una incoherencia pastoral. Es un escándalo eclesial que exige explicación.