Luxemburgo ha aprobado una reforma constitucional que introduce en su Carta Magna la llamada “libertad” de abortar, convirtiéndose así en el segundo país del mundo en constitucionalizar el aborto. La decisión fue adoptada por el Parlamento con una amplia mayoría, siguiendo el precedente de Francia, que incorporó el aborto en su Constitución en 2024.
Según informa LifeSiteNews, la Cámara de Diputados luxemburguesa aprobó el pasado 1 de marzo la reforma con 48 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, superando así la mayoría de dos tercios necesaria para modificar la Constitución del país.
Una reforma impulsada por la izquierda
La iniciativa fue promovida inicialmente en 2024 por el partido izquierdista déi Lénk (“La Izquierda”). El proyecto de reforma constitucional fue presentado formalmente en mayo de 2025 y posteriormente revisado por el Consejo de Estado, órgano que ejerce funciones consultivas en el sistema institucional luxemburgués.
Durante la tramitación parlamentaria se produjo un intenso debate sobre la formulación del texto constitucional. Algunos partidos mostraron su oposición a que el aborto fuese reconocido como un “derecho”, ya que esa expresión podría implicar una obligación del Estado de garantizar su ejercicio.
Finalmente, los partidos mayoritarios optaron por la fórmula “libertad de abortar”, una expresión que consagra la legalidad del aborto en la Constitución, aunque permite mantener determinadas limitaciones legales.
La legislación actual sobre el aborto
En Luxemburgo el aborto es actualmente legal hasta las 12 semanas de embarazo. Sin embargo, en los últimos años se han introducido modificaciones que han ampliado el acceso a esta práctica.
En julio de 2025 se eliminaron requisitos que formaban parte del procedimiento, entre ellos el periodo obligatorio de reflexión de tres días y la sesión de asesoramiento previa al aborto.
Además, la legislación luxemburguesa permite abortar en etapas más avanzadas del embarazo cuando el feto presenta lo que la ley denomina “anomalía fetal fatal”.
Durante el debate parlamentario también se planteó ampliar el plazo legal del aborto hasta las 14 semanas, así como introducir en la Constitución un supuesto “derecho a la anticoncepción”, aunque ambas propuestas fueron finalmente rechazadas.
Advertencias de académicos internacionales
Antes de la votación parlamentaria, un grupo de académicos y juristas internacionales, entre ellos profesores de universidades como Harvard y Oxford, firmó una carta abierta dirigida a los legisladores luxemburgueses.
En el documento advertían que la inclusión en la Constitución de la “libertad” de abortar podría terminar siendo interpretada por los tribunales como un derecho fundamental, ampliando su alcance jurídico en el futuro.
Un monarca con poderes limitados
LifeSiteNews recuerda que Luxemburgo es una monarquía constitucional, pero el jefe de Estado tiene hoy un papel muy limitado en el proceso legislativo.
Esta situación se remonta a 2008, cuando el entonces Gran Duque Henri se negó a sancionar la ley que legalizaba la eutanasia. Tras aquel episodio, el Parlamento decidió reducir las competencias del monarca para que su firma en las leyes tuviera únicamente un carácter formal.
De este modo, la promulgación de la reforma constitucional dependerá exclusivamente del procedimiento parlamentario, sin que el jefe de Estado tenga capacidad efectiva para bloquearla.