El Arzobispo General Castrense, Juan Antonio Aznárez Cobo, vinculado al camino Neocatecumenal, ha decidido negar la celebración de las exequias fúnebres por el alma de Antonio Tejero Molina en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, previstas para el 25 de marzo de 2026. La familia ha difundido un comunicado, firmado por su representación letrada, en el que expresa “pesar y perplejidad” y denuncia que no se le ha trasladado “ninguna razón eclesial” que sostenga la prohibición.
El hecho relevante no es la valoración histórica o política del personaje, sino el gesto eclesial: un obispo que, en sede propia y en el corazón simbólico de la jurisdicción castrense, decide cerrar la puerta a unas exequias. Esto no es un matiz administrativo. Es un acto de gobierno pastoral con consecuencias públicas escandalosas. Una decisión extrema sin explicación canónica que huele más a miedo que a prudencia. Miedo a titulares, a presiones, a la incomodidad. Y cuando un pastor gobierna por temor humano, no protege la Iglesia: la degrada.
La Iglesia no celebra funerales para canonizar biografías, ni para conceder respetabilidad pública a nadie. Reza por el alma de los difuntos y consuela a los vivos. Precisamente por eso la denegación de exequias a una familia es algo extremo y muy excepcional, no un recurso de imagen. Si lo que se pretende es evitar “escándalo”, la pregunta incómoda es inevitable: ¿escándalo para quién y por qué? ¿Qué “escándalo” se evita: el espiritual, el moral, o el mediático? Porque si lo que se está evitando es el ruido político, entonces el criterio ya no es eclesial, es comunicacional. Y si el criterio es comunicacional, el Arzobispo Castrense está diciendo, en la práctica, que la liturgia puede subordinarse a la presión exterior.
En la diócesis castrense el daño es doble. No sólo se hiere a una familia en duelo, como subraya el texto. Se proyecta un mensaje a militares y cuerpos de seguridad: la pertenencia eclesial dentro de la jurisdicción puede volverse condicionada, selectiva, dependiente del perfil público del fiel. Es decir, una Iglesia que mide el acceso al consuelo según el coste reputacional. Eso no es católico; es cálculo. Y un obispo que actúa así no está “evitando problemas”: está fabricando un precedente peligroso, porque convierte el funeral en un plebiscito social y al obispo en gestor de riesgos, no en pastor de almas.
La familia, además, introduce un elemento especialmente grave: que el Arzobispo Castrense, “dependiente de la Subsecretaría de Defensa”, habría adoptado la decisión negando “este consuelo espiritual” a una familia “con una larga y demostrada vinculación de servicio” a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Seguridad del Estado.
Que un arzobispo niegue un funeral en catedral no es un gesto neutro ni “prudente”. Es un golpe consciente al principio de que la Iglesia reza por los muertos y consuela a los vivos sin someterse a la presión del mundo. Convertir la liturgia en un instrumento de higiene reputacional, degradar la caridad cristiana a gestión de crisis y mandar un mensaje inequívoco de sumisión a la corrección política del momento es una deserción que no debemos olvidar.
El comunicado completo difundido por la familia es el siguiente:
COMUNICADO EN NOMBRE DE LA FAMILIA DE D. ANTONIO TEJERO MOLINA
Como letrada de la familia de los hermanos Carmen, Dolores, Antonio, Elvira, Ramón y Juan Tejero Díez, a través de este comunicado, desean compartir con la comunidad de fieles y la opinión pública el profundo pesar y perplejidad que embarga a dicha familia en estos momentos y a tal fin MANIFIESTAN:
“En el día de ayer, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo General Castrense, Don Juan Antonio Aznárez Cobo, nos ha comunicado personalmente su decisión de denegar la celebración de las exequias fúnebres por el alma de nuestro padre Don Antonio Tejero Molina, en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, previstas para el 25 de marzo de 2026.
Las exequias constituyen un acto de piedad y consuelo para los vivos, no un juicio sobre la vida del difunto. La decisión de Monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo, dependiente de la Subsecretaría de Defensa, ha sido recibida con gran dolor, al negar este consuelo espiritual a una familia con una larga y demostrada vinculación de servicio a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Como miembros activos y feligreses de la Diócesis Castrense, recibimos esta noticia con el corazón herido.
Entendemos que dicha prohibición carece totalmente de fundamentos al no trasladarnos ninguna razón eclesial que sustente privar a un fiel del sufragio de la Iglesia en su propia sede diocesiana.
Dicha decisión afecta a la caridad cristiana al ser la despedida de un ser querido un acto de misericordia y un derecho espiritual, el cual parece haberse visto supeditado a consideraciones de índole temporal o política. Además, contradice el espíritu evangélico, y nos apena observar cómo, en ocasiones, el temor humano parece prevalecer sobre los principios de justicia y verdad que deben regir esta institución.
A pesar del dolor que esta decisión nos causa, nuestra fe permanece inquebrantable. Como cristianos practicantes, seguimos confiando y orando por una Iglesia militante que sea fiel reflejo de la libertad evangélica, valiente ante las presiones externas y siempre acogedora con sus hijos, sin distinción.
Pedimos a quien nos acompañan en el afecto que eleven una oración por el eterno descanso de nuestro padre, confiando en que la Justicia Divina trascienda de cualquier limitación humana.
Fdo.: La familia Tejero Díez”
En su nombre y representación: Ángeles Cañizares. Letrado
En Madrid a 5 de marzo de 2026.