El Vaticano ha confirmado la culpabilidad del sacerdote argentino Damián Rodríguez Alcobendas, perteneciente a la diócesis de San Isidro —provincia de Buenos Aires—, por abuso sexual contra un menor. Así lo comunicó oficialmente el Obispado de San Isidro el pasado 2 de marzo de 2026.
Según informó la diócesis, el Colegio para el Examen de los Recursos en Materia de Delitos Graves de la Santa Sede rechazó la apelación presentada por el presbítero y ratificó la sentencia dictada en el proceso administrativo penal canónico iniciado en su contra, comfirmando que el sacerdote cometió un “delito grave contra el sexto mandamiento con un menor”.
Prohibición perpetua de cargos eclesiásticos
La Santa Sede ratificó la pena de prohibición perpetua para ejercer cualquier oficio eclesiástico o función directiva o administrativa en parroquias, seminarios o instituciones vinculadas. En términos prácticos, Rodríguez Alcobendas no podrá volver a ser párroco ni ocupar cargos de responsabilidad dentro de la Iglesia.
Tampoco podrá desempeñar funciones dependientes de autoridades eclesiásticas ni ejercer la docencia en áreas teológicas o pastorales. Asimismo, tiene prohibido recibir encargos de tutoría o asesoramiento de menores de edad en cualquier ámbito.
Suspensión pública del ministerio durante cinco años
Además de la prohibición perpetua de cargos, el Vaticano estableció la pena de cinco años sin poder ejercer públicamente el ministerio sacerdotal. Durante ese período no podrá celebrar misa en público, administrar sacramentos, confesar ni participar como sacerdote en actos eclesiales. Únicamente podrá celebrar la misa de manera privada e individual.
El decreto incluye un precepto penal que establece que, si incumple estas condiciones, será sancionado con la dimisión del estado clerical, es decir, la expulsión definitiva del sacerdocio.
Antecedentes del caso en Argentina
Rodríguez Alcobendas, conocido en la diócesis como “padre Damián”, fue durante años párroco de la Parroquia Sagrada Familia de Nordelta —una zona residencial del partido de Tigre— y capellán en varios colegios católicos del complejo.
Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre 2003 y 2004 y fueron denunciados casi veinte años después, únicamente en el ámbito eclesiástico. La causa no prosperó en la justicia civil argentina debido a la prescripción del delito, pero sí avanzó en la vía canónica hasta llegar a la instancia de apelación ante la Santa Sede.
En su comunicado, el Obispado de San Isidro expresó su cercanía con la víctima, pidió perdón por el dolor causado y reafirmó su compromiso de escuchar, acompañar y actuar con responsabilidad ante los casos de abuso.