La diócesis de Siracusa, en el estado de Nueva York, ha cerrado formalmente su proceso de bancarrota tras constituir un fondo de más de 176 millones de dólares para indemnizar a víctimas de abusos sexuales, un desenlace que confirma el enorme impacto económico de esta crisis en la Iglesia local.
Según informó OSV News, el obispo Douglas J. Lucia comunicó el 25 de febrero a los fieles que la jueza Wendy Kinsella, del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York, aprobó ese mismo día el decreto final que pone fin a un procedimiento de casi seis años bajo el Capítulo 11 (permite a una entidad —empresa, institución o diócesis— declararse en bancarrota para reorganizar sus deudas sin cerrar inmediatamente sus actividades.)
Un fondo de más de 176 millones para acuerdos y compensaciones
El plan aprobado establece un fondo fiduciario para víctimas con más de 176 millones de dólares. De esa suma, 76,1 millones proceden de seguros y 100 millones han sido aportados por lo que el obispo denominó la “familia católica”: 45 millones por parte de parroquias, 50 millones aportados por la propia diócesis mediante una combinación de inversiones y préstamos, y otros 5 millones de entidades diocesanas.
Los pagos serán asignados por un árbitro independiente, según indicó el obispo, en un sistema diseñado para concentrar las reclamaciones en un solo mecanismo de compensación.
411 reclamaciones tras las “ventanas” legales en Nueva York
La diócesis afrontó 411 reclamaciones únicas presentadas al amparo de dos leyes estatales que reabrieron la posibilidad de denunciar abusos antiguos sin importar la prescripción previa: la Child Victims Act y la Adult Survivors Act.
Ambas normas abrieron “ventanas” temporales para registrar denuncias: hasta el 15 de abril de 2021 en el caso de la primera, y hasta el 17 de enero de 2023 en el caso de la segunda. El volumen de reclamaciones, sumado a la estructura legal de los litigios, empujó a la diócesis a acogerse al Capítulo 11.
Un mecanismo legal para canalizar demandas presentes y futuras
El acuerdo incluye una “channeling injunction”, figura del derecho concursal estadounidense que canaliza las demandas hacia un fondo común, con el objetivo de evitar pleitos individuales contra la diócesis, parroquias y otras entidades católicas, y de prever también posibles reclamaciones futuras.
La diócesis presenta este esquema como una respuesta “integral” que busca un único cauce de reparación, aunque el coste económico recae en buena medida sobre estructuras diocesanas y parroquiales.
Disculpas del obispo y llamado a la prevención
En su carta, el obispo Lucia afirmó que el proceso ha sido más largo de lo previsto y reconoció el peso que ha supuesto para víctimas y fieles. Dijo haber escuchado personalmente a supervivientes y reiteró una petición de perdón “por cualquier negligencia pasada” en el abordaje de estos casos.
También aseguró que el plan formaliza compromisos de políticas de “Ambiente Seguro” para prevenir la repetición de abusos y convocó a una misa especial el 26 de abril en el marco del mes nacional de prevención del abuso infantil en Estados Unidos.
El cierre de la bancarrota pone fin al proceso judicial, pero deja a la diócesis marcada por una carga financiera que afecta directamente a su estructura y, especialmente, a las parroquias que han tenido que contribuir al fondo.