La principal plataforma que promovía la despenalización del aborto en El Salvador ha anunciado su disolución legal tras la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, una norma que obliga a las organizaciones financiadas desde el exterior a registrarse y transparentar el origen de sus recursos. La decisión ha sido interpretada por sectores provida como una retirada estratégica ante la obligación de rendir cuentas.
Según informó ACI Prensa, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto comunicó el 23 de febrero que su trabajo “ya no es compatible” con la nueva legislación aprobada en mayo de 2025 por la Asamblea Legislativa y promulgada por el presidente Nayib Bukele. La organización optó por no inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), requisito obligatorio para las ONG que reciben financiamiento internacional.
Transparencia obligatoria y fin de la opacidad
La Ley de Agentes Extranjeros establece que todas las ONG que reciban fondos del extranjero deberán registrarse y pagar un impuesto del 30 % sobre dichas transferencias. El objetivo declarado por las autoridades es garantizar la transparencia en las operaciones financieras y evitar la injerencia política encubierta bajo el rótulo de “ayuda” o “defensa de derechos”.
En su Mensaje a la Nación del 1 de junio de 2025, el presidente Bukele advirtió que existen organizaciones que operan “en la oscuridad”, moviendo millones para influir en la política nacional sin ningún tipo de control fiscal. La nueva ley, sostuvo, no impide la cooperación legítima, pero sí obliga a rendir cuentas.
En lugar de acogerse a ese marco legal, la agrupación abortista decidió disolverse como ONG y transformarse en un movimiento de activismo bajo el nombre “La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades”. Es decir, cambia la forma jurídica, pero no abandona la agenda.
El aborto es un delito
El Salvador mantiene una de las legislaciones más claras en defensa de la vida humana. El aborto es delito y la Constitución reconoce como persona a todo ser humano desde el instante de la concepción.
Durante años, la ahora disuelta ONG impulsó casos emblemáticos como el llamado “Caso Beatriz”, el “Caso Manuela” y el de “Las 17”, presentados ante instancias internacionales para presionar por una reforma legal que abriera la puerta a la despenalización.
Para el movimiento provida, la defensa de la vida no es una consigna política, sino un principio constitucional y moral. La ley salvadoreña no solo protege al no nacido, sino que afirma jurídicamente su condición de persona.