La intervención de León XIV en las Cortes españolas convertirá al Papa en actor dentro del marco político español, aunque su intención sea estrictamente moral o pastoral. No importa el contenido exacto del discurso. Importa el escenario. El hemiciclo hoy en España no es un espacio neutro ni pacífico; es un campo de fuerzas. Y allí cada palabra será leída en clave de alineamiento o de confrontación.
El Gobierno intentará capitalizar la imagen institucional. Presentará la presencia del Papa como prueba de normalidad democrática y de diálogo, incluso aunque buena parte de su agenda legislativa haya chocado frontalmente con la doctrina católica en materias nucleares. La fotografía institucional será utilizada como validación simbólica: el Estado recibe al Pontífice, el Pontífice habla ante la soberanía popular, el sistema funciona. Ese será el marco narrativo oficial.
A la vez, los socios más ideologizados del Ejecutivo reaccionarán en uno de dos registros: o la teatralización crítica —gestos de frialdad, ausencia parcial, declaraciones posteriores de desmarque— o la utilización selectiva del discurso si encuentran en él elementos compatibles con su agenda social. Si el Papa insiste en migración, pobreza o diálogo, lo apropiarán; si subraya cuestiones antropológicas o la centralidad de la vida, marcarán distancia. En ambos casos, lo convertirán en pieza de su propio relato.
La oposición, por su parte, quedará en una posición incómoda. Si aplaude con entusiasmo, será acusada de instrumentalizar la religión; si mantiene una actitud sobria, parecerá tibia ante su electorado más conservador. El resultado será una recepción fragmentada que reflejará la división estructural del país. No habrá momento de consenso transversal genuino. Habrá suma de intereses tácticos.
En el plano eclesial, el efecto será igualmente divisivo. Un sector interpretará la comparecencia como signo de presencia pública valiente. Otro la leerá como exposición innecesaria del Papa a un entorno político en descomposición que ha promovido leyes contrarias a la moral católica. Si el discurso evita confrontaciones directas con esas leyes, crecerá la percepción de acomodación; si las menciona explícitamente, se disparará la reacción política. No existe un punto neutro.
La clave está en la asimetría del riesgo. Para los actores políticos españoles, el coste es bajo: un día de debate, algunos titulares, una foto más en el archivo. Para el Papa, el coste potencial es reputacional y universal. La imagen de León XIV será proyectada internacionalmente desde un hemiciclo marcado por la crispación, y cualquier gesto —aplausos tibios, escaños vacíos, reacciones airadas— quedará fijado como símbolo.
Lo que va a suceder, por tanto, es previsible: politización inmediata, apropiación selectiva del mensaje y lectura partidista del gesto. La intervención no será evaluada en términos teológicos ni espirituales, sino en términos de utilidad política. Y el hecho de que la iniciativa haya partido de la Santa Sede intensifica esa lectura: no parecerá simplemente una cortesía institucional, sino una decisión estratégica asumida desde Roma. En un entorno polarizado, toda decisión estratégica se interpreta como toma de posición. ¿De quién ha sido la idea? ¿está la Secretaría de Estado realmente velando por los intereses del Papa? ¿es idea de Cobo, congraciándose con el Gobierno, contribuir a forzar este gesto temerario?
Tanto el viaje a Canarias, con el elevadísimo riesgo de un efecto llamada que puede acabar en tragedia; como el discurso a petición de la Santa Sede en una sesión de unas Cortes tan polarizadas, con un gobierno furibundamente anticlerical y con escándalos abiertos, son dos decisiones de viaje que parecen imprudentes. La duda es si se trata de una torpeza del cardenal Cobo (no es lápiz más afilado del estuche) o de una maniobra deliberada de una Secretaría de Estado poco atenta a los intereses del Papa.