La Conferencia Episcopal Francesa ha reaccionado con gravedad al voto solemne de la Asamblea Nacional que aprobó el 25 de febrero las proposiciones de ley relativas a los cuidados paliativos y a la llamada “ayuda a morir”, advirtiendo de un verdadero “cambio antropológico” en la sociedad francesa.
En un comunicado fechado el 27 de febrero en París, los obispos toman nota del refuerzo legal de los cuidados paliativos, que consideran una condición indispensable para garantizar el alivio del dolor y el acompañamiento digno al final de la vida. Sin embargo, expresan “con gravedad” su profunda oposición a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido.
Una mayoría frágil y una fractura democrática
La Conferencia subraya que el texto fue aprobado por un margen estrecho, lo que revela una fractura importante dentro de la representación nacional. Una cuestión que afecta directamente a la concepción de la dignidad humana y al papel de la medicina, sostienen los obispos, no puede resolverse con una mayoría tan frágil sin generar un profundo malestar democrático.
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Durante el debate parlamentario, recuerdan, numerosas voces —profesionales sanitarios, juristas, filósofos, representantes de pacientes y parlamentarios— alertaron sobre los riesgos de ambigüedades jurídicas, presiones sociales o familiares sobre personas vulnerables y una transformación radical de la misión del médico, llamado ahora no solo a curar y aliviar, sino a provocar la muerte.
Libertad de conciencia y riesgo para los más vulnerables
Los obispos lamentan que ninguna de estas preocupaciones haya sido incorporada al texto final, especialmente la ausencia de una cláusula institucional que respete las cartas éticas propias de determinados establecimientos sanitarios.
También critican el mantenimiento del llamado “delito de obstaculización”, que consideran contrario a la libertad de conciencia y potencialmente problemático para las acciones de prevención del suicidio.
“Dar deliberadamente la muerte no es un progreso”
Para la Conferencia Episcopal Francesa, legalizar la “ayuda a morir” no supone un simple ajuste técnico del ordenamiento jurídico, sino un giro profundo que modifica los fundamentos antropológicos de la sociedad.
“Dar deliberadamente la muerte no puede constituir un progreso humano”, afirman con firmeza, recordando que una sociedad verdaderamente fraterna se mide por la manera en que protege y acompaña a los más frágiles, no por la facilidad con la que acepta provocar su muerte.
El comunicado concluye apelando al resto del proceso parlamentario para que se reconsidere una decisión que, a juicio de los obispos, compromete el sentido mismo de la dignidad humana.