Hay noticias que no dividen a la Iglesia: la retratan. La publicada por Infovaticana sobre el sacerdote absuelto penalmente por posesión de imágenes de menores desnudos —pero cuya conducta fue descrita con detalle en sede judicial— no es solo un caso concreto de gobierno diocesano discutible. Es un espejo incómodo. Y lo verdaderamente revelador no es únicamente el nombramiento como capellán hospitalario tras aquel episodio, sino la reacción automática de una parte del ecosistema digital católico.
Conviene recordar los hechos desnudos de sentimentalismo: hubo investigación, hubo intervención de equipo informático, hubo condena en primera instancia por posesión de pornografía infantil y hubo absolución posterior porque las imágenes, aun mostrando menores desnudos, no encajaban en el tipo penal según la interpretación restrictiva del artículo 189 del Código Penal. Es decir: no hubo delito penal conforme a ese tipo. Punto. Pero en los hechos probados quedaron descritas descargas reiteradas y organización de archivos. Eso no es una opinión; es materia judicial.
A partir de ahí la cuestión deja de ser penal y pasa a ser prudencial. ¿Es razonable colocar en un ámbito pastoral sensible a quien ha estado objetivamente vinculado a un episodio de esa naturaleza? Esa es la pregunta. No es una acusación nueva, no es una condena paralela, no es un linchamiento. Es una cuestión de gobierno y de protección de menores.
Sin embargo, la reacción de algunos tuiteros ha sido ilustrativa hasta el sarcasmo. “De aquí no me baja ni el Papa”, dice una defensora airada. La frase, pronunciada en nombre de la lealtad, revela justo lo contrario: una papolatría utilitaria. El Papa sirve como muro simbólico cuando conviene cerrar el debate, pero no como instancia real de discernimiento. No es obediencia; es blindaje emocional.
Otro argumento estrella: “A mí también se me descargó algo por error en eMule”. La coartada técnica convertida en catecismo popular. Resulta curioso que en estos casos siempre haya errores informáticos selectivos, búsquedas inocentes y descargas involuntarias, pero nunca una explicación técnica independiente que lo acredite. La apelación a la anécdota personal sustituye al análisis objetivo. La emoción reemplaza al hecho.
Y después llega el recurso final: “Dios os pedirá cuentas”. Es el chantaje piadoso que transforma la exigencia de transparencia en pecado contra la caridad. Preguntar se convierte en atacar. Investigar se convierte en vengarse. Pedir prudencia se convierte en tirar la primera piedra. Así funciona el clericalismo: no como doctrina escrita, sino como reflejo instintivo de protección corporativa.
Lo que estos tuits revelan no es una mayoría sociológica —son minoritarios—, sino una mentalidad persistente. Una mentalidad que confunde presunción de inocencia con idoneidad pastoral automática. Que identifica misericordia con ausencia de consecuencias. Que reduce la protección de menores a una cuestión de tipicidad penal, como si la Iglesia solo debiera actuar cuando un juez la obliga.
El problema no es que alguien defienda a un sacerdote que considera inocente. El problema es que se descalifique como “majadero” o como enemigo de la Iglesia a quien plantea preguntas documentadas. El problema es que el instinto no sea proteger a los vulnerables y la credibilidad eclesial, sino cerrar filas.
Durante décadas, la impunidad no sobrevivió por falta de leyes. Sobrevivió por este mecanismo psicológico: minimizar, relativizar, personalizar el debate y acusar de maldad al que incomoda. “No es delito”. “Ya está perdonado”. “Estáis dañando a la Iglesia”. Mientras tanto, la pregunta prudencial sigue sin responderse.
La noticia de Infovaticana podrá gustar más o menos. Podrá discutirse su enfoque. Pero el nervio que ha tocado es evidente. Cuando la reacción inmediata ante hechos judiciales descritos es el insulto, la caricatura o la invocación defensiva al Papa, lo que aflora no es amor a la Iglesia. Es miedo a que se examine su modo de gobernarse.
Y ahí está el fondo del asunto: la Iglesia no pierde credibilidad porque un medio pregunte. La pierde cuando quienes deberían exigir los estándares más altos de prudencia se conforman con el mínimo penal y llaman persecución a cualquier escrutinio.