La Asamblea Nacional de Francia aprobó el 25 de febrero, en segunda lectura, el proyecto de ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido bajo la denominación de “derecho a la ayuda para morir”. El texto fue respaldado por 299 diputados frente a 226 votos en contra —27 más que en la votación anterior— y deberá ser ahora examinado nuevamente por el Senado, que ya lo había rechazado en enero.
La iniciativa introduce en el ordenamiento jurídico francés la posibilidad de administrar medicamentos letales a pacientes que lo soliciten en determinadas condiciones. Aunque sus promotores la presentan como una ampliación de derechos individuales, el debate ha puesto en evidencia una profunda fractura política, ética y social en torno a la protección de la vida en su etapa final.
Lea también: Francia tramita una ley de eutanasia con un alcance sin precedentes en Europa
Autoadministración como garantía formal
Según informó el medio RFI, uno de los puntos más discutidos fue la modalidad de administración del producto letal. Finalmente, el texto establece que será el propio paciente quien deba autoadministrarse la sustancia, salvo que se encuentre físicamente incapacitado, en cuyo caso podrá intervenir un médico o enfermero.
Los defensores de esta fórmula sostienen que la autoadministración permite verificar hasta el último momento la voluntad libre e informada del solicitante. Sin embargo, la norma consolida jurídicamente la posibilidad de provocar deliberadamente la muerte, algo que hasta ahora permanecía prohibido en el país.
Durante la tramitación se había abierto la opción de que el paciente eligiera libremente el método, pero la Asamblea revocó esa disposición y volvió al esquema inicial.
El sufrimiento psicológico queda excluido como causa única
Otro aspecto clave fue la definición del sufrimiento que habilita el acceso a la muerte asistida. En su versión final, el texto precisa que el sufrimiento psicológico por sí solo no permitirá acogerse a este derecho.
El Gobierno defendió esta aclaración para evitar que situaciones de vulnerabilidad transitoria conduzcan a decisiones irreversibles. No obstante, varios diputados criticaron que se establezca una jerarquía entre tipos de sufrimiento, lo que revela la dificultad de objetivar jurídicamente una realidad profundamente humana y subjetiva.
Cuidados paliativos aprobados por unanimidad
En paralelo, la Asamblea aprobó por unanimidad un segundo proyecto destinado a ampliar el acceso a los cuidados paliativos. Este consenso contrasta con la división generada por la legalización de la eutanasia.
Desde sectores críticos se ha señalado la contradicción de impulsar simultáneamente el refuerzo de los cuidados paliativos —orientados a aliviar el sufrimiento sin provocar la muerte— y la creación de un derecho a recibir una sustancia letal. Para la Iglesia Católica, los paliativos constituyen la respuesta auténticamente humana al dolor y a la fragilidad del final de la vida.
Movilización de la Iglesia en Francia
En los meses previos a la votación, la Iglesia Católica en Francia intensificó su llamamiento a la defensa de la vida. La Conferencia Episcopal afirmó que los cuidados paliativos son “la única respuesta adecuada” ante las situaciones difíciles del final de la vida y advirtió que legalizar la eutanasia “cambiaría profundamente la naturaleza de nuestro pacto social”.
Aciprensa recordó que los obispos convocaron el pasado 20 de febrero una jornada nacional de oración y ayuno. El obispo de Bayona, Mons. Marc Aillet, alertó sobre la “extrema gravedad” del proyecto y las “terribles consecuencias” que podría acarrear su adopción.
También desde el ámbito civil se alzaron voces críticas. Ludovine de la Rochère, presidenta de Unión de las Familias y del movimiento La Manif pour Tous, denunció lo que calificó de “extremismo ideológico” y advirtió que la ley es “escandalosa y peligrosa”. “Vivir con dignidad”, afirmó, requiere reforzar el acompañamiento y la solidaridad, no institucionalizar la muerte provocada.
Un debate abierto sobre la dignidad y el papel del Estado
Con esta segunda aprobación en la Asamblea Nacional, el proyecto regresa al Senado. El aumento de votos en contra respecto a la primera lectura refleja que la controversia no se ha disipado.
La discusión en Francia trasciende el ámbito estrictamente sanitario. En juego está la concepción misma de la dignidad humana y el papel del Estado ante la vida vulnerable. Para la tradición cristiana, la dignidad no depende de la autonomía ni del grado de sufrimiento, sino del valor intrínseco de toda vida humana, que debe ser acompañada y protegida hasta su término natural.
El debate, lejos de cerrarse, entra ahora en una nueva fase parlamentaria en un país que se enfrenta a una decisión con profundas implicaciones antropológicas y morales.