En el debate público en torno al Valle de Cuelgamuros y a la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la dimensión mediática ha sido tan relevante como la eclesial y la política. No solo por lo que se ha dicho, sino por quién lo ha dicho y ante qué interlocutores. La reciente cobertura de eldiario.es, con Jesús Bastante como principal narrador del posicionamiento del cardenal Cobo, ha consolidado una línea editorial claramente favorable a su actuación en este asunto.
No se trata únicamente de una crónica puntual. La reiteración de ese enfoque, unida a la ausencia sistemática de contraste con otras sensibilidades eclesiales o con la propia comunidad benedictina, ha generado la impresión de que determinadas declaraciones del cardenal encuentran en ese medio un espacio privilegiado de difusión y legitimación.
A ello se suma que el propio cardenal Cobo ha descalificado públicamente como “pseudomedios” a determinados portales informativos que han cuestionado su actuación en este asunto. Esa calificación no es irrelevante en el contexto descrito. Porque el núcleo de la controversia no es menor: la firma de un documento en el que se afirmaba que, en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, únicamente el altar y los bancos adyacentes constituían lugares de culto, mientras que la cúpula, la nave, el atrio y el vestíbulo no lo serían, quedando estos últimos abiertos a intervenciones promovidas por el Gobierno en el marco de su proceso de resignificación política e ideológica. La cuestión, por tanto, no se limita a un debate mediático, sino a la delimitación misma de qué espacios de un templo consagrado conservan su carácter propio y cuáles pueden ser objeto de reinterpretación externa.
En este contexto, resulta significativo que la comparecencia “off the record” convocada por el cardenal Cobo se dirigiera únicamente a un grupo seleccionado de periodistas, quedando fuera algunos de los medios de información religiosa con mayor audiencia en España. La combinación de descalificaciones públicas hacia ciertos portales y la selección restrictiva de interlocutores configura un modelo comunicativo que, lejos de disipar dudas, contribuye a concentrar el relato en espacios mediáticos afines. No se trata de cuestionar la libertad del arzobispo para elegir sus canales de comunicación, sino de advertir que, en un asunto de esta magnitud eclesial y social, la transparencia y la amplitud en la interlocución refuerzan la credibilidad institucional, mientras que la segmentación informativa tiende a aumentar la percepción de opacidad.
En esa misma línea, resulta especialmente preocupante que en determinados enfoques periodísticos se haya insinuado que la responsabilidad última del documento controvertido recaería sobre el cardenal Pietro Parolin, como si la iniciativa o el aval decisorio hubieran procedido de la Secretaría de Estado. Sin embargo, el hecho objetivo permanece inalterable: el documento fue suscrito por el propio cardenal Cobo. La eventual existencia de conversaciones posteriores no modifica la autoría ni la responsabilidad derivada de una firma formal. Desplazar la carga hacia Roma, sugiriendo que el impulso real no residió en quien estampó su rúbrica, no solo introduce confusión en la opinión pública, sino que proyecta una imagen que puede interpretarse como una forma de deslealtad institucional. En asuntos de esta gravedad, la claridad en la asunción de responsabilidades no es una cuestión retórica, sino una exigencia básica de coherencia eclesial.
A esta dinámica se ha sumado recientemente un artículo publicado en El País, otro de los medios convocados a la comparecencia “off the record”, en el que se calificaba de “ultracatólicos” e “integristas” a quienes han expresado alarma y sorpresa ante el contenido del documento firmado por el cardenal Cobo a petición del Gobierno. El uso de etiquetas ideológicas para descalificar una preocupación que se centra en la naturaleza litúrgica y jurídica de un templo consagrado no contribuye a elevar el debate, sino a polarizarlo. Reducir a categorías sociológicas lo que, en su núcleo, es una cuestión de coherencia eclesial y de respeto a la identidad sacramental del templo, desplaza el foco del problema y dificulta una discusión serena.
En este escenario, lo que está en juego no es una disputa mediática ni un pulso entre sensibilidades eclesiales, sino la credibilidad institucional de quienes ejercen responsabilidad pastoral y la confianza de los fieles en la transparencia de sus pastores. Cuando un documento firmado tiene consecuencias públicas y eclesiales de tal alcance, la asunción clara de responsabilidades no es opcional, sino exigible. La Iglesia puede soportar la crítica externa; lo que erosiona su autoridad moral es la ambigüedad interna. Por eso, más allá de alineamientos mediáticos o narrativas interesadas, lo que se espera es claridad, coherencia y lealtad institucional en la gestión de un asunto que afecta directamente a la naturaleza misma de un templo consagrado y a la conciencia de quienes lo consideran casa de Dios.