La Asamblea Nacional francesa estudia un proyecto de ley que ampliaría de forma significativa el acceso a la eutanasia y al suicidio asistido, en un debate que está generando una intensa controversia jurídica y ética dentro y fuera del país. Según ha advertido el European Centre for Law and Justice (ECLJ), el texto convertiría a Francia en el país con la legislación “más permisiva y expeditiva” del mundo en esta materia.
El proyecto no se limitaría a pacientes en fase terminal, sino que se aplicaría a cualquier persona que padezca una enfermedad “grave e incurable” y declare que su sufrimiento es insoportable. La apreciación de ese sufrimiento recaería esencialmente en el propio solicitante.
Un ámbito de aplicación amplio
Francia cuenta con cientos de miles de personas afectadas por enfermedades graves como cáncer metastásico, Parkinson, esclerosis múltiple o insuficiencia respiratoria severa. De aprobarse la norma en los términos actuales, todas ellas podrían potencialmente acogerse al nuevo marco legal.
Diversos observadores han señalado que la experiencia comparada en otros países muestra una progresiva ampliación de los supuestos iniciales. En Canadá y Bélgica, por ejemplo, la regulación ha ido extendiéndose con el tiempo a nuevos colectivos. En Suiza, el suicidio asistido no exige necesariamente que exista una enfermedad terminal.
Además, durante la tramitación parlamentaria, la Comisión de Asuntos Sociales ha ampliado el alcance del “derecho a morir” a personas que sufran angustia psicológica, con el argumento de evitar discriminaciones entre pacientes.
Un procedimiento acelerado
Uno de los aspectos más debatidos es la rapidez del procedimiento previsto. Según el análisis difundido por el ECLJ, el proceso podría completarse en apenas tres días. No sería imprescindible una solicitud escrita; bastaría un certificado médico.
El facultativo consultaría a otro médico y a un miembro del equipo sanitario, pero la decisión final quedaría en sus manos. La resolución no podría ser impugnada judicialmente por familiares, aunque el solicitante sí podría recurrir una negativa.
En un plazo de 48 horas tras la decisión favorable, podría administrarse la inyección letal. En comparación, otros países establecen periodos de reflexión más prolongados.
Delito de “obstrucción” y obligaciones para centros sanitarios
El proyecto contempla asimismo la creación de un delito de “obstrucción”, que podría sancionar a quienes intenten impedir o disuadir a una persona de recurrir a la eutanasia. Las penas previstas alcanzarían hasta dos años de prisión y multas de 30.000 euros.
La norma también obligaría a todos los establecimientos sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados, a permitir la práctica de la eutanasia en sus instalaciones, lo que afectaría a centros de titularidad religiosa. Asimismo, impondría a los farmacéuticos la obligación de dispensar las sustancias necesarias.
El control del procedimiento se realizaría con posterioridad a la muerte, mediante una comisión designada por el Gobierno encargada de verificar el cumplimiento formal de los requisitos.
La tramitación parlamentaria continúa abierta y el debate público se intensifica en torno a las implicaciones médicas, jurídicas y sociales de una reforma que, de prosperar, supondría un cambio profundo en la legislación francesa sobre el final de la vida.