La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha expulsado del país al sacerdote José Concepción Reyes Mairena, formador del Seminario Mayor de León, según informó Aciprensa. La medida se produjo tras un interrogatorio de funcionarios migratorios en el aeropuerto de Managua, cuando el sacerdote regresaba de una estancia en España. La expulsión eleva a 309 el número de religiosos que han sido forzados a salir del país o impedidos de regresar, concentrando la presión sobre la Iglesia Católica en un nuevo episodio de hostigamiento institucional.
Retención e interrogatorio en el aeropuerto
Según versiones recogidas por medios nicaragüenses, el P. Reyes fue retenido e interrogado por personal de Migración y Extranjería al intentar ingresar al país. Tras cuestionamientos sobre su viaje y el motivo de su retorno, las autoridades le negaron el ingreso y lo devolvieron a España. La diócesis de León, por su parte, no ha emitido una explicación oficial sobre este caso hasta el cierre de la redacción.
Este procedimiento —retener, interrogar y expulsar a un sacerdote en un aeropuerto— ilustra el uso de mecanismos administrativos del Estado no para proteger el orden público, sino como herramienta para limitar la libertad de movimiento de ministros religiosos.
La ordenación de nuevos sacerdotes en jaque
Más allá de la expulsión de religiosos ya formados, llama la atención que el régimen ha bloqueado la ordenación de nuevos diáconos y sacerdotes en varias jurisdicciones eclesiales. La investigadora Martha Patricia Molina advirtió que el relevo pastoral en diócesis como Jinotega, Matagalpa, Estelí y Siuna está prácticamente paralizado por la falta de autorizaciones estatales.
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En estas localidades, la ausencia de obispos residentes —varios de ellos expulsados en años recientes— se suma a la imposición de trabas que impiden la continuidad normal del ministerio sacerdotal. La decisión de negar ordenaciones constituye una forma indirecta de desarticulación de la presencia católica en zonas tradicionalmente activas pastoralmente.
Una presión selectiva y prolongada
Mientras que sectores clave de la sociedad civil quedan bajo supervisión o control, la Iglesia en Nicaragua sufre una presión sostenida que va más allá de meras tensiones institucionales. La expulsión de religiosos no es un fenómeno aislado sino parte de un patrón sistemático, que combina el uso de la legislación migratoria con la suspensión de actividades sacramentales y la cancelación de espacios comunitarios.
La retórica oficial del régimen —que en ocasiones se refiere a la reconciliación nacional— contrasta con la práctica concreta de restricciones cada vez más amplias al ejercicio del ministerio y a la libertad de culto. La expulsión reciente del P. Reyes subraya que la estrategia estatal no se agota en controles administrativos, sino que afecta de lleno a la estructura orgánica de la Iglesia y su capacidad para sostener comunidades locales.
Impacto pastoral y comunitario
El éxodo forzado de sacerdotes y religiosos no solo reduce la presencia clerical en parroquias, seminarios o centros formativos, sino que también afecta la vida sacramental de comunidades enteras. La imposibilidad de ordenar nuevos ministros ante un contexto de expulsiones continuadas pone en riesgo la renovación de equipos pastorales y la atención sacramental en regiones que ya enfrentaban carencias.
Al mismo tiempo, la ausencia de respuestas institucionales claras por parte de algunas jurisdicciones eclesiales locales contribuye a la percepción de desamparo entre fieles y agentes pastorales que permanecen en el país.
La Iglesia en Nicaragua frente a las medidas estatales
La expulsión del P. Concepción Reyes se suma a un patrón de medidas que restringen la libertad religiosa y limitan las funciones ordinarias de la Iglesia. Aunque el régimen afirma sostener discursos de tolerancia y armonía social, las prácticas administrativas y migratorias reflejan un enfoque de control y asfixia de actores religiosos críticos o independientes.
La manera en que el Estado nicaragüense ha instrumentalizado normas y procedimientos —como la migración y las ordenaciones sacerdotales— para condicionar la presencia eclesial plantea retos no solo pastorales, sino también jurídicos y de derechos humanos, en un contexto donde la libertad religiosa sigue siendo objeto de tensiones profundas.