La investigación canónica sobre el obispo Rafael Zornoza ha entrado en su fase decisiva. Según ha informado Religión Digital, la Rota de Madrid habría concluido la investigación previa y remitido ya su informe al arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, a quien corresponde ahora decidir si propone la apertura de un proceso penal ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF).
El caso, que afecta al ex obispo de Cádiz, avanza así hacia su siguiente etapa procesal tras meses de toma de declaraciones, análisis jurídico y recopilación de testimonios.
Investigación concluida y decisión en manos de Sevilla y Roma
De acuerdo con la información publicada, la fase de instrucción previa —cuyo objetivo no es determinar culpabilidad, sino verificar la consistencia de los hechos denunciados, su tipificación penal y la eventual prescripción— ya habría finalizado.
Fuentes consultadas por el citado medio apuntan a que es probable que la Rota haya sugerido la apertura de un proceso penal, aunque la decisión final corresponde al arzobispo metropolitano y, en última instancia, al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que tiene la competencia en materia de delicta graviora y puede incluso levantar la prescripción si lo considera oportuno.
Con la entrega del informe se cierra el tramo más técnico y reservado del procedimiento y se abre la fase de decisión.
El «caso Lute», una comparación inevitable
El avance del caso Zornoza contrasta inevitablemente con la situación del conocido “caso Lute” en Chiclayo (Perú), cuya tramitación continúa sin resolución tras más de dos años de paralización efectiva.
La denuncia presentada en abril de 2022 en la diócesis de Chiclayo dio lugar a una investigación previa y al envío del expediente a Roma. Posteriormente se habló de un archivo “pro nunc”. Más tarde se produjeron nuevas actuaciones, nuevas declaraciones y solicitudes de pruebas. Finalmente, en noviembre de 2025, se concedió la dispensa del estado clerical al sacerdote denunciado.
No consta —hasta el momento— una sentencia penal pública. Tampoco un decreto penal motivado que cierre formalmente el procedimiento.
Años después de la denuncia inicial, el desenlace penal no es visible y las víctimas… no han tenido respuesta.
Dos velocidades bajo el mismo ordenamiento
La diferencia de ritmos resulta evidente. Mientras en el caso Zornoza la investigación previa se ha desarrollado con relativa celeridad y ya ha sido elevada a las instancias superiores, en el caso Lute la instrucción permanece sin avances visibles ni comunicación efectiva con quienes denunciaron.
El caso Zornoza entra ahora en su fase decisiva. El caso Lute, en cambio, continúa a la espera. Dos expedientes, dos velocidades y una misma exigencia: que la verdad se esclarezca y que las responsabilidades, si las hubiera, se determinen sin dilaciones indebidas.
No se trata de comparar personas. Se trata de comparar procedimientos.
La Iglesia ha subrayado en los últimos años su compromiso con la transparencia y la tutela de las víctimas. Pero la coherencia procesal es la prueba definitiva de ese compromiso. La justicia no solo debe hacerse; debe hacerse con criterios homogéneos.