Pedro Sánchez reactiva su plan para introducir el aborto en la Constitución Española y hacerlo, además, por el procedimiento que evita la disolución de las Cortes. El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Carta Magna para reconocer expresamente el “derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, optando por la vía que no obliga a convocar elecciones.
Según ha adelantado El Debate, el Ejecutivo elige el artículo 43 —dedicado a la protección de la salud— en lugar del artículo 15, donde se regulan los derechos fundamentales. La diferencia no es menor: modificar el artículo 15 implicaría activar el procedimiento agravado del artículo 168, que exige disolver el Parlamento y someter la reforma a elecciones generales. El artículo 43 permite una tramitación más sencilla, por mayoría de tres quintos en ambas Cámaras.
El propio Gobierno reconoce en la memoria del proyecto que esta opción se justifica por la “mayor sencillez y celeridad” del procedimiento.
Qué dice el nuevo texto
La reforma añadiría un cuarto apartado al artículo 43 con el siguiente contenido:
«Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres».
De aprobarse, el aborto quedaría constitucionalizado como un derecho expresamente reconocido, obligando a los poderes públicos a garantizar su prestación.
El precedente de octubre de 2025
No se trata de una iniciativa improvisada. En octubre de 2025 Sánchez ya anunció públicamente su intención de consagrar el aborto en la Constitución. Entonces presentó la medida como una forma de “blindar” este derecho frente a posibles cambios legislativos futuros.
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El anuncio se produjo en un contexto de fuerte polarización política y el Gobierno lo utilizó para confrontar con la oposición reforzando su perfil ideológico en materia de derechos sociales. La estrategia no prosperó en aquel momento, pero ahora el Ejecutivo retoma el plan con una formulación jurídica más definida y con la elección deliberada del procedimiento menos exigente.
El reproche del Consejo de Estado
Segun informó El Debate, el Consejo de Estado ha emitido dos dictámenes sobre la cuestión, uno elaborado por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y otro por María Luisa Carcedo. Ambos coinciden en que, si se pretende constitucionalizar el aborto, debería hacerse por el artículo 15 y no por el 43.
Además, advierten que no es apropiado abordar una reforma de esta magnitud atendiendo prioritariamente a criterios de oportunidad política o rapidez procedimental. Incluso desde posiciones favorables al aborto se cuestiona el modo elegido por el Ejecutivo.
Natalidad en mínimos, aborto constitucional y regularización de migrantes
España atraviesa una crisis demográfica sin precedentes. La tasa de natalidad se encuentra entre las más bajas de Europa y el envejecimiento poblacional avanza de forma acelerada. En este contexto, el Gobierno impulsa una reforma para elevar a rango constitucional la eliminación legal del no nacido.
En paralelo, el Ejecutivo ha promovido políticas de regularización masiva de inmigrantes como mecanismo para sostener la tasa de reposición poblacional. El esquema es evidente: caída sostenida de la natalidad interna, constitucionalización del aborto y compensación demográfica mediante inmigración estructural.