La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) ha planteado abiertamente una cuestión a la Santa Sede: si Roma ha mantenido un acuerdo con China en materia de nombramientos episcopales, ¿por qué considera inaceptables las consagraciones que la Fraternidad prevé realizar el próximo 1 de julio sin mandato pontificio?
Según expone FSSPX News, muchos fieles se preguntan cómo puede aplicarse un criterio severo a la Fraternidad mientras que, en el caso chino, la Santa Sede ha optado por el diálogo y la negociación pese a la intervención directa del Estado en la vida de la Iglesia.
El contexto del acuerdo con Pekín
Desde 2018, el Vaticano mantiene un acuerdo provisional con el Gobierno chino sobre el nombramiento de obispos, renovado posteriormente hasta 2028. Aunque los detalles del pacto no se han hecho públicos en su totalidad, se considera que permite una participación relevante de las autoridades chinas en el proceso.
La Fraternidad recuerda que el Partido Comunista Chino, oficialmente ateo, ejerce un control estricto sobre la práctica religiosa en el país. A pesar de ello, Roma ha defendido la vía del diálogo, apelando a la necesidad de evitar una ruptura total y de preservar lo que sea posible de la vida católica en un entorno complejo.
La justificación de la Fraternidad
Partiendo de ese precedente, la FSSPX sostiene que su intención no es constituir una jerarquía paralela ni desafiar la autoridad del Papa, sino asegurar la continuidad sacramental y la formación de sacerdotes conforme a la tradición doctrinal y litúrgica que considera esencial.
En este sentido, presenta las consagraciones previstas como una medida extraordinaria ante lo que describe como una crisis profunda en la Iglesia. A su juicio, el principio supremo del derecho canónico —la salvación de las almas— debería orientar también la valoración de su situación concreta.
Un debate de fondo
Más allá de la dimensión disciplinar, la Fraternidad enmarca el asunto en un debate más amplio sobre la interpretación de la actual situación eclesial. Según su planteamiento, si se reconoce la gravedad de la crisis, ciertas medidas excepcionales podrían entenderse como proporcionadas; si, por el contrario, esa crisis se minimiza, tales medidas resultan inaceptables.
Por su parte, la Santa Sede ha reiterado que la ordenación de obispos sin mandato pontificio implicaría una ruptura grave de la comunión eclesial. Con el mes de julio cada vez más cercano, el foco se sitúa ahora en la decisión que adopte la Fraternidad y en la respuesta que pueda ofrecer Roma ante un eventual paso adelante.