La Conferencia Episcopal de la Iglesia católica en China, organismo reconocido por el Gobierno —pero no plenamente por la Santa Sede—, ha expresado su apoyo explícito a las recientes medidas adoptadas por Pekín que refuerzan el control estatal sobre el clero en la que obligan a los sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica entregar sus pasaportes para controlar sus moevimientos en el país. Así lo informa el medio italiano Il Timone, que destaca la relevancia institucional de esta toma de posición.
El pronunciamiento episcopal introduce un elemento significativo en la aplicación de las nuevas disposiciones administrativas, al suponer no solo una medida gubernamental, sino también un aval formal por parte de la estructura eclesial reconocida por el Estado.
Adhesión a los “intereses nacionales y públicos”
Según la información publicada, el pasado 4 de febrero la Conferencia Episcopal manifestó su respaldo a las regulaciones estatales y reafirmó que la práctica religiosa debe ajustarse a los “intereses nacionales y públicos” del país.
La declaración se apoya en el artículo 40 del Reglamento sobre Asuntos Religiosos, que establece que las actividades colectivas deben desarrollarse en lugares oficialmente registrados y bajo la dirección exclusiva de clero autorizado por el Estado, prohibiendo el ejercicio ministerial a quienes no estén inscritos en el sistema oficial.
Este posicionamiento consolida la línea de cooperación institucional entre la Iglesia oficial y las autoridades civiles en el marco de la política religiosa vigente.
Sinización y presión sobre las comunidades no registradas
El respaldo episcopal se inscribe en la política de “sinización” impulsada por el presidente Xi Jinping desde 2013, orientada a integrar las religiones dentro del marco ideológico y jurídico definido por el Partido Comunista.
En este contexto, las comunidades católicas que permanecen fuera del registro estatal —tradicionalmente vinculadas a la fidelidad directa a Roma— afrontan un escenario cada vez más restrictivo, con posibles sanciones que incluyen multas, cierre de lugares de culto y detenciones.
Diversas organizaciones internacionales han señalado el aumento de la presión sobre la libertad religiosa en China, situando al país entre aquellos con mayores niveles de restricciones para los cristianos.