Diversas organizaciones provida europeas han puesto en marcha una campaña internacional para frenar la posibilidad de que la Unión Europea financie desplazamientos transfronterizos para acceder al aborto en países con legislaciones más permisivas.
La iniciativa, impulsada por la federación One of Us, surge tras la resolución adoptada por el Parlamento Europeo en diciembre de 2025 en apoyo a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) “Mi voz, mi elección”, que propone la creación de mecanismos financiados por la UE para facilitar el acceso a servicios de aborto entre Estados miembros.
La polémica sobre las competencias de la UE
Según explican los promotores de la campaña “No al turismo del aborto”, la propuesta permitiría que una mujer pudiera reclamar financiación para viajar a otro país de la Unión donde la normativa sea más amplia en cuanto a plazos o supuestos despenalizadores.
Las organizaciones provida sostienen que esta resolución supone una extralimitación de las competencias comunitarias. Argumentan que la regulación del aborto pertenece al ámbito nacional, tanto en materia de salud pública como, en algunos países, en el terreno del derecho penal, y que la medida socavaría el principio de subsidiariedad recogido en los tratados europeos.
En la carta dirigida a la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, los impulsores recuerdan que los tratados vigentes excluyen expresamente la armonización de legislaciones nacionales en este ámbito.
Alcance jurídico de la iniciativa
Los promotores subrayan que, aunque la Iniciativa Ciudadana Europea “Mi voz, mi elección” haya superado los requisitos formales, ello no obliga a la Comisión a presentar una propuesta legislativa. Recuerdan además que una ICE no crea nuevas competencias para la Unión, sino que únicamente exige que la Comisión examine la propuesta y emita una respuesta motivada.
Asimismo, señalan que la resolución aprobada por el Parlamento Europeo tiene carácter político y no fuerza jurídica vinculante.
Según advierten, si la propuesta llegara a transformarse en legislación europea, podría producirse en la práctica una aplicación generalizada de las normativas más permisivas, al facilitar el acceso transfronterizo financiado con fondos comunitarios.
El precedente de la iniciativa One of Us
La campaña actual se enmarca en la experiencia previa del movimiento One of Us, que en 2014 promovió una Iniciativa Ciudadana Europea para impedir la financiación de actividades que implicaran la destrucción de embriones humanos.
Aquel texto logró cerca de dos millones de firmas, convirtiéndose en la ICE con mayor respaldo ciudadano en la historia de la Unión Europea. Sin embargo, la Comisión Europea desestimó la petición alegando falta de competencia en la materia.
El nuevo debate reabre así la discusión sobre los límites de actuación de las instituciones comunitarias en cuestiones bioéticas y sobre el equilibrio entre soberanía nacional y políticas comunes dentro de la Unión Europea.