El régimen chino ha dado un nuevo paso en su política de control sobre las confesiones religiosas al imponer la entrega obligatoria de los pasaportes a todo el clero y religiosos católicos del país. La medida, adoptada por los organismos oficiales de la Iglesia reconocida por el Estado, refuerza el sistema de supervisión ya existente y vuelve a situar bajo presión el controvertido acuerdo entre Pekín y la Santa Sede.
Según informa Per Mariam, las nuevas normas fueron promulgadas en diciembre por la Asociación Patriótica Católica China (CCPA) y la llamada Conferencia de Obispos de la Iglesia Católica en China (BCCCC), entidades que no reconocen la autoridad de la Santa Sede y que actúan bajo la supervisión directa del Partido Comunista Chino.
Pasaportes bajo custodia estatal
Las disposiciones obligan a sacerdotes y religiosos a entregar sus pasaportes y documentos de viaje —incluidos los relativos a Hong Kong, Macao y Taiwán— para que queden almacenados por las autoridades. Aunque se prevén distintos procedimientos según el rango clerical, el resultado es el mismo: el Estado retiene los documentos de identidad.
Quienes deseen viajar al extranjero por motivos oficiales deberán presentar una solicitud acompañada de la documentación aprobatoria correspondiente. Solo tras la autorización podrán recuperar temporalmente el pasaporte para gestionar visados y desplazamientos.
En el caso de viajes privados, las exigencias son aún mayores. El interesado debe presentar, con al menos 30 días de antelación, una solicitud detallando itinerario, propósito, duración y lista de participantes. Tras la aprobación, deberá firmar un compromiso escrito. Cualquier desviación del plan autorizado puede acarrear sanciones, como la suspensión de privilegios de viaje tanto para el individuo como para su institución.
A su regreso, los religiosos deberán devolver el pasaporte en un plazo de siete días y, en algunos casos, completar formularios e informes adicionales.
Un marco de control cada vez más estricto
Las nuevas disposiciones se enmarcan en una política más amplia de supervisión estatal de la vida religiosa. En declaraciones recientes, los organismos oficiales insistieron en que las actividades religiosas deben ajustarse estrictamente a la legislación vigente. Entre otras restricciones, los cultos solo pueden celebrarse en lugares autorizados y únicamente pueden presidirlos clérigos registrados oficialmente.
El Partido Comunista mantiene desde hace años un proceso de “sinización” de las religiones, orientado a que todas las confesiones se adapten a la ideología del Estado y actúen bajo su dirección. Normativas aprobadas en 2025 reforzaron esta línea al exigir la promoción de los principios del comunismo y al limitar severamente la actividad de clero extranjero.
El acuerdo sino-vaticano bajo presión
Estas medidas vuelven a poner en cuestión el acuerdo provisional firmado en 2018 entre China y la Santa Sede sobre el nombramiento de obispos, renovado recientemente hasta 2028. Aunque el contenido del pacto permanece en gran parte reservado, se considera que otorga a Pekín un papel determinante en la selección episcopal, con un supuesto derecho de veto por parte del Papa.
León XIV ha aprobado nombramientos episcopales procedentes de las autoridades chinas, sin pronunciarse de manera explícita sobre el endurecimiento del control estatal. En una intervención inicial de su pontificado, expresó su deseo de que los católicos chinos permanezcan en comunión con la Iglesia universal, una afirmación que algunos interpretaron como una señal de preocupación ante la política de sinización.