Las elecciones autonómicas en Aragón han dejado una fotografía política nítida. El Partido Popular gana sin mayoría suficiente y Vox consolida un crecimiento que ya no puede despacharse como episódico. La izquierda retrocede, pierde cohesión y muestra una desconexión evidente con una parte creciente del electorado, especialmente joven. El resultado refleja menos un giro ideológico que una demanda de respuestas claras en materias muy concretas que han sido sistemáticamente evitadas.
Entre esas materias, la inmigración y la seguridad ocupan un lugar central. No como abstracciones morales, sino como realidades vividas. Más del veinte por ciento de los aragoneses ha respaldado de forma explícita un discurso que señala que el modelo actual de inmigración e integración no está funcionando. Ese porcentaje no describe a una minoría excéntrica ni a un electorado radicalizado, sino a una parte significativa de la sociedad que percibe deterioro de la convivencia, presión sobre servicios públicos y ausencia de control efectivo. Negar este dato o reducirlo a racismo es una forma de no querer entender lo ocurrido en las urnas.
Aquí aparece una brecha evidente entre una parte de la jerarquía eclesial y la realidad social. Muchos obispos siguen abordando la inmigración desde un marco exclusivamente moral, sin atender a sus consecuencias prácticas ni al sufrimiento concreto que genera una mala gestión. El resultado electoral confirma que ese enfoque ya no conecta con amplios sectores de la población. No porque hayan abandonado principios cristianos, sino porque sienten que nadie escucha su experiencia cotidiana.
En ese contexto se explica también el crecimiento de Vox entre votantes católicos. No por adhesión ideológica plena, sino porque el partido defiende sin complejos cuestiones que otros han abandonado: la vida humana desde la concepción, la libertad de educación de los padres, la familia como núcleo social básico y una concepción del orden y la seguridad que muchos consideran imprescindible para la convivencia. En Aragón, estos factores han pesado electoralmente y forman parte de la crónica real de las elecciones.
Pretender expulsar moralmente a ese veinte por ciento del electorado del ámbito eclesial, como algunos sugieren, sería repetir errores que ya se ven en otros países. Lo ocurrido en Alemania con la AfD sirve de advertencia: cuando la Iglesia decide etiquetar y excluir en lugar de escuchar, pierde su función pastoral y su capacidad de mediación. Los votantes no desaparecen, pero la Iglesia sí deja de ser relevante para ellos.
Además, hay una cuestión que no puede seguir eludiéndose. El problema migratorio y de seguridad no se resolverá a golpe de subvención. ACCEM, Manos Unidas o Cáritas no van a solucionar un modelo fallido por muchos cientos de millones de euros públicos que sigan recibiendo. Su labor asistencial puede aliviar situaciones concretas, pero no sustituye una política seria de integración, límites y exigencias. Confundir caridad con política pública es parte del problema.
La lectura electoral aragonesa es sencilla. Una parte relevante de la sociedad pide orden, realismo y coherencia. No está votando contra la dignidad humana, sino contra un sistema que percibe desbordado y negado desde el discurso oficial. Escuchar ese mensaje no es traicionar el Evangelio. Ignorarlo, en cambio, sí es una forma de desconexión que la Iglesia no puede permitirse.