El Parlamento de Grecia ha aprobado una reforma legal que introduce penas de cárcel de hasta diez años para quienes faciliten la entrada irregular de inmigrantes en el país, una medida que afecta de forma directa a activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales, según informó la agencia Euro EFE.
La norma fue impulsada por el Gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis y salió adelante con los votos del partido gobernante, Nueva Democracia, frente al rechazo de los partidos de izquierda de la oposición.
Responsabilidad penal de miembros de ONG
La nueva legislación establece sanciones agravadas cuando la ayuda a la inmigración ilegal se realice de manera profesional, con ánimo de lucro o en el marco de una ONG. En estos casos, además de las penas de prisión, se contemplan multas económicas elevadas y otras medidas administrativas.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es que permite excluir del registro oficial a una organización no gubernamental cuando uno de sus miembros sea imputado —aunque no condenado— por facilitar la entrada ilegal de inmigrantes, lo que impediría a dicha entidad operar legalmente en territorio griego.
Argumentos del Gobierno griego
Desde el Ejecutivo se ha defendido que la ley pretende reforzar el control fronterizo y combatir las redes de tráfico de personas que operan en el Mediterráneo oriental. El Ministerio de Migración ha subrayado que quienes participan en programas financiados con fondos públicos tienen una responsabilidad añadida en el cumplimiento estricto de la legalidad.
El Gobierno sostiene que la reforma busca diferenciar la acción humanitaria legítima de aquellas prácticas que, bajo cobertura asociativa, contribuyen a la inmigración ilegal y a la actividad de las mafias.
Críticas de la oposición y debate político
Los partidos de izquierda han acusado al Gobierno de criminalizar a la sociedad civil y de introducir un marco legal que, a su juicio, puede disuadir la acción de organizaciones dedicadas a la ayuda a migrantes. También han denunciado que la pertenencia a una ONG se convierta en un elemento agravante en el ámbito penal.
La aprobación de la ley se produce en un contexto de fuerte debate político sobre la inmigración y el papel de las ONG en un país que ha sido una de las principales puertas de entrada a la Unión Europea en los últimos años.
Control fronterizo e inmigración legal
La reforma forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo griego, que combina el endurecimiento de las penas contra la inmigración ilegal con medidas orientadas a facilitar la llegada de trabajadores extranjeros por vías legales, especialmente en sectores con escasez de mano de obra como el turismo, la agricultura y la construcción.