El presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, ha introducido matices relevantes en su discurso sobre migración —que en un principio se apresuró a dar— al advertir de los riesgos de llevar a cabo una regularización sin un enfoque integral y al subrayar que los Estados tienen derecho a regular los flujos migratorios, siempre desde el respeto a la dignidad de la persona y al bien común.
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En un artículo de opinión publicado en Revista Ecclesia, Argüello reflexiona sobre el reciente decreto de regularización aprobado por el Consejo de Ministros y sobre el proceso previo impulsado desde ámbitos eclesiales mediante una Iniciativa Legislativa Popular. El prelado recuerda que la Iglesia conoce de primera mano la realidad de muchos migrantes a través de Cáritas, congregaciones religiosas y delegaciones diocesanas, y destaca que la falta de documentación empuja a miles de personas a la economía sumergida y a situaciones de abuso.
Argüello defiende que la regularización permite a muchos salir de un “laberinto angustioso” y recuperar una vida digna, pero evita un planteamiento ingenuo o exclusivamente humanitario. Junto al reconocimiento de derechos, insiste también en los deberes de quienes llegan, llamados a colaborar en el bien común y a aceptar las “reglas básicas del juego social” del país de acogida.
Además, reconoce abiertamente los problemas reales de integración y convivencia, especialmente cuando existen grandes diferencias culturales o profundas desigualdades sociales y económicas. Asimismo, vincula el fenómeno migratorio con otras cuestiones estructurales como el empleo, la vivienda y la sostenibilidad del Estado del bienestar.
Advirtiendo así, sobre el riesgo de abordar la inmigración como solución automática al problema demográfico. Argüello recuerda que España sufre un grave desequilibrio entre nacimientos y defunciones y subraya que la respuesta no puede limitarse a la inmigración, sino que exige una “alianza social para la esperanza” a favor de la natalidad, promovida también por la Iglesia.
El prelado concluye reclamando un gran pacto de Estado y de la Unión Europea que afronte la inmigración de forma integral, desde las causas en los países de origen hasta la lucha contra las mafias, pasando por una regulación responsable de los flujos. Advierte, además, de que sin acuerdos amplios en los asuntos críticos, las medidas parciales pueden terminar siendo contraproducentes.