A la redacción de Infovaticana han llegado mensajes enviados a sacerdotes de la diócesis de Madrid que no se han inscrito en el Convivium. No son convocatorias generales ni recordatorios impersonales, sino comunicaciones individualizadas que ponen de manifiesto un seguimiento concreto de quién está y quién no está. Bajo un lenguaje amable y aparentemente pastoral, estos mensajes introducen un elemento de presión difícilmente compatible con la libertad que se proclama oficialmente en torno a este evento.
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Varios sacerdotes aseguran haber recibido en los últimos días WhatsApps firmados por Juan Carlos Merino, en los que se les interpela de forma nominal por no figurar inscritos en la asamblea sacerdotal del Convivium, pese a haber asistido a la preasamblea. El mensaje, que se presenta como una simple comprobación administrativa, se percibe por quienes lo reciben como un toque personal y directo que invita a “corregir” la ausencia y a completar la inscripción.
Sí, hay presión. Suave, pero presión al fin.
No es una orden explícita, ni una amenaza, ni una coacción formal. Precisamente por eso es más eficaz. Se presenta como preocupación personal, como cuidado pastoral, como simple aclaración administrativa. Pero el subtexto es claro: hemos visto que no te has inscrito, sabemos dónde has estado, esperamos que estés también aquí. En un contexto jerárquico, eso no es neutral.
La clave está en la asimetría. No escribe un igual: escribe Juan Carlos Merino, desde una posición que representa estructura y mando. En la vida diocesana, ese tipo de mensajes no circula en el vacío: llegan respaldados por un sistema que influye en destinos, encargos, evaluaciones informales y clima interno. Cuando alguien así señala una ausencia concreta y la vincula a un evento promovido desde arriba, el mensaje implícito es que no ir es una anomalía que debe justificarse.
Además, el recurso retórico es clásico: se ofrece una salida “inocente” —confusión, problema técnico— para evitar que el destinatario pueda decir abiertamente “no quiero ir”. Se presupone que la no inscripción no puede ser una decisión libre y razonada. Eso ya dice mucho sobre el concepto de libertad que se maneja.
¿Es esto “gran libertad”? No. Es un control blando, pastoralizado, envuelto en lenguaje fraterno. No obliga, pero señala. No manda, pero vigila. Y en organizaciones clericales, donde el coste de ser señalado suele pagarse a medio plazo, ese tipo de mensajes funcionan como mecanismo de alineamiento.
Otra cosa es si es legítimo o prudente. Pero si la pregunta es si hay presión, la respuesta es sí. Presión institucional de baja intensidad, diseñada precisamente para poder negarse si alguien la denuncia.
Todo ello se agrava si se tiene en cuenta la polémica ya destapada en torno al propio Convivium, después de que saliera a la luz la introducción de propuestas doctrinalmente problemáticas, calificadas internamente como “peculiares” para evitar llamarlas por su nombre. La presencia de planteamientos heréticos o gravemente ambiguos ha sembrado dudas razonables sobre un evento a mayor gloria de un cardenal polémico y cuestionado, y este tipo de presiones no disipa esas dudas: las refuerza.
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