Por el reverendo Jerry J. Pokorsky
La reverencia y el desprecio por el Estado de derecho ejercen una influencia recíproca y formativa tanto en el liderazgo eclesial como en el secular. Cuando los líderes religiosos manifiestan un desprecio implícito por el orden jurídico, debilitan el respeto por el Estado de derecho entre las autoridades civiles; cuando los líderes seculares desatienden el Estado de derecho —en particular distorsionando el significado de las palabras—, erosionan la seriedad moral dentro de la Iglesia. La auténtica renovación cultural, por tanto, depende de restaurar la reverencia por la verdad en el lenguaje y por el Estado de derecho, tanto en la conciencia personal como en el gobierno público.
Las enseñanzas de la Iglesia Católica se fundamentan en el Depósito de la Fe transmitido por los Apóstoles. Este Depósito se conserva y se transmite a través de la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio. Los sacerdotes, obispos y Papas, por la gracia del Orden sagrado, sirven como guardianes autorizados de esta fe. Son custodios, no autores. Los laicos, a su vez, reciben la fe a través de la Iglesia.
El clero enseña los principios de la fe y de la moral. Los laicos aplican luego esos principios a las circunstancias concretas de su vida mediante un juicio prudencial que les es propio. Los fieles actúan como agentes morales en cuanto miembros libres del Cuerpo Místico de Cristo. La vida moral cristiana comienza con la pregunta: «¿Qué enseña Dios, por medio de la Iglesia?». Continúa con una segunda pregunta, igualmente exigente: «Con la gracia de Dios y mediante mi encuentro con los sacramentos, ¿cómo he de vivir en consecuencia?».
Existe una estructura paralela en el marco de gobierno de los Estados Unidos. La Declaración de Independencia, seguida de la Constitución y sus enmiendas, forma el fundamento filosófico y jurídico del derecho estadounidense. El Congreso tiene la responsabilidad de promulgar leyes de modo coherente con la Constitución. El presidente ejecuta esas leyes dentro de los límites constitucionales. El Tribunal Supremo dirime los conflictos relativos a la constitucionalidad de las leyes y de las acciones gubernamentales. Al igual que el Depósito de la Fe de la Iglesia, la Constitución es algo que se recibe y se interpreta, no algo que cada generación reinventa de nuevo.
Idealmente, un legislador afronta las leyes propuestas con un razonamiento moral y constitucional disciplinado. En primer lugar, un legislador prudente debe preguntarse si una ley o un plan de gasto propuestos son constitucionales. Si no lo son, deben ser rechazados, independientemente de su popularidad. Si lo son, la siguiente cuestión es si promueven las políticas preferidas por los electores. Si lo hacen, el legislador debe votar a favor; si no, debe oponerse.
Un legislador puede votar, sin embargo, a favor de una ley constitucional que no sirva de inmediato a los intereses de sus electores. Esto puede apoyar una visión política más amplia que, en última instancia, beneficie tanto a la nación como a dichos electores. Los legisladores pueden invocar con razón la conciencia y las exigencias de la ley natural (la ley de Dios escrita en nuestros corazones), así como legítimas exigencias políticas, como guía.
En la práctica, el sistema político estadounidense se ha ido apartando de sus amarras constitucionales. Rara vez los legisladores se oponen a medidas por el hecho de que excedan los límites constitucionales. Esta erosión es más visible en los poderes de guerra: aunque la Constitución asigna al Congreso la autoridad para declarar la guerra, Estados Unidos no se ha remitido a esa autoridad desde la Segunda Guerra Mundial, involucrándose en conflictos importantes —desde Corea y Vietnam hasta Oriente Medio— sin un debate constitucional formal.
De modo similar, los políticos a menudo no se oponen a grandes programas de gasto público por motivos constitucionales. Estos patrones sugieren una quiebra significativa del Estado de derecho, sustituido por la política del poder. La política del poder se arraiga cada vez más en la influencia financiera que en el principio constitucional. Estudios empíricos muestran de manera consistente que los candidatos que gastan significativamente más que sus oponentes ganan las elecciones al Congreso a un ritmo notablemente superior.
Mientras tanto, una parte significativa del electorado espera cada vez más que sus dirigentes dispensen beneficios gubernamentales desvinculados de la correspondiente responsabilidad cívica. La inmensa deuda federal se erige como un testimonio concreto tanto de la ilegalidad política como de una mentalidad popular de derecho adquirido.
Una distorsión semejante puede observarse dentro de la Iglesia. Bajo presiones políticas, algunos líderes ordenados de la Iglesia corren el riesgo de olvidar que son testigos de la verdad y comienzan a actuar como dueños de la verdad, especialmente en cuestiones morales.
Con frecuencia, el clero se considera a sí mismo como formulador de políticas religiosas más que como proclamador de verdades permanentes. Los comunicados de las conferencias episcopales, incluidos los relativos a la inmigración, se asemejan a análisis de políticas públicas más que a proclamaciones de principios morales cristianos universales. Al hacerlo, invaden el ámbito propio de los laicos, cuya vocación incluye emitir juicios políticos prudenciales.
El clero católico puede ayudar a la recuperación cultural y eclesial invocando explícitamente los preceptos tradicionales de la moral católica, agrupados en torno a los Diez Mandamientos. La disciplina intelectual exige reconocer una distinción fundamental: la Iglesia enseña los principios de la fe y de la moral. Los laicos, en cambio, tienen la responsabilidad principal de aplicar prudentemente esas verdades en el ámbito personal y político.
El clero también debería reconocer los límites de los poderes de las conferencias episcopales, que carecen de autoridad magisterial canónica. Las declaraciones políticas indisciplinadas socavan los pronunciamientos autoritativos vinculantes. Por encima de todo, el clero debería conformarse con servir como testigos —no como dueños— de la fe y la moral de la Iglesia. Una renovada reverencia por la ley moral dentro de la Iglesia serviría como fermento en la cultura.
Un testimonio cristiano así renovado podría reconfigurar gradualmente la vida política estadounidense. La autoridad de las leyes justas fluye en última instancia de Dios, y todos los ciudadanos están moralmente obligados a respetarlas. Impregnados de reverencia por las leyes justas, los ciudadanos católicos comenzarían a exigir que sus representantes permanezcan fieles a la Constitución a pesar de las presiones políticas.
Para resumir:
- Tanto en la Iglesia como en Estados Unidos, existen los mecanismos necesarios para un justo Estado de derecho con un vocabulario común.
- El Depósito de la Fe y la Constitución de Estados Unidos son correlativos, con el gobierno de Dios como supremo.
- El fracaso en honrar el Estado de derecho es corrosivo para el alma de ambas instituciones.
- Las leyes injustas no son leyes.
- Una institución es corrupta cuando el Estado de derecho cede ante la política del poder («políticas») y el culto a la personalidad (la ley emana de la persona).
- Restaurar el Estado de derecho exige un propósito firme de volver al imperio de las leyes justas.
- La restauración de la reverencia por las leyes civiles, si tiene lugar, llevará generaciones.
- La restauración de la reverencia por la ley moral de la Iglesia, si tiene lugar, vendrá con confesiones buenas y repetidas.
La ley debidamente respetada —tanto moral como civil— constituye el fundamento indispensable de una sociedad virtuosa y genuinamente libre.
Sobre el autor
El padre Jerry J. Pokorsky es sacerdote de la Diócesis de Arlington. Es párroco de la parroquia de Santa Catalina de Siena en Great Falls, Virginia.